Miguel, un joven interesado en la política nacional, publicó en su cuenta de la red social Facebook, a manera de sátira, una caricatura de la diosa Temis -que representa la justicia- con el rostro totalmente tapado con una sábana y a su lado la figura de dos hombres, en cuyo mensaje se lee: “Sí, antes se vendaba los ojos, pero ahora se tapa la cara de la vergüenza”, criticando a los juristas del país. Un internauta respondió a su sátira con un improperio, alegando que la justicia no puede arrodillársele más a personas que piensan como él. Otros usuarios de la red social se unieron a la discusión y todos imponían su pensamiento.  

Hoy día, los espacios virtuales y de interacción digital han adquirido relevancia como escenarios de participación social y política, contribuyendo a la formación de sujetos políticos activos. Sin embargo, lo negativo del asunto es la creciente violencia virtual que se observa en estos espacios.

Una opinión que genera divergencia, debería ser discutida en el marco del entendimiento y el respeto, pues es a partir de las diversas posiciones que se desarrolla la construcción social. Sin embargo, las diferencias de pensamiento entre unos y otros están dando pie a discusiones que en muchas ocasiones terminan saliéndose de lo virtual, incluso, llegando a lo real, lo que se constituye en agresiones. 

¿Por qué tanta intolerancia?

Recientemente, la Universidad Simón Bolívar abordó la violencia digital como tema de discusión en el IX Congreso Internacional de Derecho y Justicia Digital, en un mes en el que, a propósito, se celebró el Día Internacional de la Tolerancia. Esta fecha incorporada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene por objetivo fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, en aras de reducir el extremismo violento que, en suma, aumenta el desprecio hacia la vida humana.

La violencia digital, entendida como todas aquellas acciones deliberadas que se ocupan en hacerle daño a otros utilizando medios de comunicación digital y redes sociales no solo ocupan al Estado y al derecho moderno, debido a que es un fenómeno que afecta la política nacional de convivencia ciudadana. Cada vez es más común que las víctimas denuncien casos de ciberacoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos o información privada, divulgación sin consentimiento de contenido sexual, entre otros. 

Para la doctora en Derecho Myrna Elia García Barrera, ponente del encuentro académico desarrollado por el programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar en sus sedes Cúcuta y Barranquilla, las redes, hoy más que nunca, se han convertido en un sueño para los cibernautas, pero en una pesadilla para el derecho, por cuenta de la violencia digital.

García explicó que Colombia avanzó en materia legal al contar con la Ley 1620 de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, en función de combatir el fenómeno de la agresión en las redes hacia los escolares. Al igual que México, que incluyó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, incorporando la violencia digital como un tipo de acción hacia las mujeres. 

Pero la violencia sigue…

De hecho, el Ministerio de la Información, las Tecnologías y las Comunicaciones, a raíz de las coyunturas políticas, planteó en 2017 la manera en que pueden entenderse y prevenirse comportamientos o interacciones violentas en entornos digitales. Particularmente, cuando se discuten asuntos de interés público como el fin del conflicto armado colombiano. El proceso ha sido importante, pues tiene por objetivo sensibilizar a los ciudadanos respecto al comportamiento que debería tenerse en las redes.

No obstante, la violencia en las plataformas, expresó García, es un reflejo de lo que viven los ciudadanos en la vida real. “Esta violencia se desata por las diferencias culturales, políticas, religiosas, incluso, de raza, las cuales nos hacen creer que ciertas personas debido a esa diferencia, los hace menos merecedores de derechos y de paso, de respeto”.  

Las redes sociales, por su inmediatez, hoy son la mejor manera de poder expresar lo que las personas sienten y con un alcance impensado. Además, lo pueden expresar de manera casi que anónima y esto desinhibe aún más al cibernauta agresor. Y el anonimato casi que se convierte en algo que permite perpetuar estas conductas violentas en la medida en que una persona ya no puede calcular el daño que va infringirle a otros.

Según la psicóloga y profesora de la Unisimón, Viviana Quintero, del Programa Protégenos, de la Red Papaz, se debe educar a los jóvenes colombianos para que sean ciudadanos digitales, “este programa busca que el público identifique el tipo de violencias, sus grupos poblacionales y el papel social o corresponsabilidad que como audiencias tiene en su prevención”.  

Combatir la violencia digital

Como ciudadanos digitales se deben medir las consecuencias de lo que se expresa en las redes sociales. Voltaire decía que “la tolerancia es la prerrogativa de la humanidad. Todos los hombres estamos llenos de flaquezas y de errores, y debemos perdonarnos recíprocamente nuestras necedades, pues esta es la primera ley de la naturaleza”. 

La ridiculización de una persona a través de un meme, dibujo o herramienta que se oculte en una broma, así como el desagravio, bien sea en rechazo por su condición, sexo, raza, religión o por venganza, siempre que tenga acogida por otros, distintos al agresor, implica de cierta forma una aprobación a la ciberviolencia.

Pero cuando un testigo de una agresión en redes señala su inconformidad quita automáticamente la validación social frente a esa agresión y puede ayudar a que la violencia en las redes disminuya. 

Quien es víctima, no debe responder con mayor violencia; basta con el hecho de demostrar su desacuerdo y si es necesario, acudir a herramientas como el bloqueo o la denuncia al perfil del acosador o violento.  

Finalmente, debe considerarse que la opinión es un proceso cognitivo que usan los seres humanos para comunicar sus ideas. Es un derecho universal del cual gozan todas las personas y al cual la sociedad debe su desarrollo en todos los ámbitos: en lo cultural, en lo político y en lo económico.