La posibilidad de que los colombianos expresen en los documentos de identidad su consentimiento para la donación de sus órganos no será posible por el momento, debido a que el Gobierno Nacional acaba de devolver al Congreso de la República una ley que en tal sentido terminó de tramitar en diciembre pasado.

La ley, que fue autoría del senador conservador Efraín Cepeda, ordenaba a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte “plasmar la voluntad de ser donante de órganos, tejidos y células de la persona que así lo acepte al momento de expedición del documento de identificación y licencia de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento”.

De acuerdo con lo expresado por el presidente Juan Manuel Santos en la objeción que envió al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, se devuelve la norma por “inconveniencia e inconstitucionalidad total el proyecto de ley”.

En sus consideraciones, el mandatario nacional expresó que la ley violó los artículos 11, 49 y 366 de la Constitución Política por afectación del derecho a la vida y la salud de los potenciales receptores de donación.

Se plantea que el proyecto de ley “invierte la presunción legal para la donación de órganos en perjuicio del derecho fundamental a la salud y la vida de las personas”.

“La manifestación expresa del ciudadano ante dos instituciones diferentes, al Registraduría Nacional y el Ministerio de Transporte, podría dilatar y generar confusión por parte del médico tratante a la hora de determinar si el fallecido es o no donante de un órgano. Puede ocurrir que aparezcan manifestaciones diferentes en el documento de identidad y la licencia de conducción, que no concuerden con el registro nacional de donantes”, se refiere en la objeción presidencial.

Se considera, además, que la ley como fue aprobaba “limita el ámbito de aplicación del sistema de donación, restringe de manera taxativa la donación de órganos, tejidos y células, dejando por fuera otros componentes del cuerpo humano”.

La ley ahora deberá volver al Congreso de la República, donde se deberá archivar o replantear su contenido.