El aumento desmedido de las incapacidades médicas en el país, muchas de ellas falsas o sin justificación alguna, es otro mal que ataca al sistema de salud en Colombia.

Tanto que el Ministerio de Trabajo prendió las alertas sobre este tema a finales del año pasado, en lo que fue denominado como un posible “carrusel de incapacidades”, en el que estarían involucrados profesionales de la salud que están entregando incapacidades a personas que realmente no las necesitan.

De acuerdo con un estudio de la cartera laboral, entre el 2009 y el 2017 se han expedido 2.700.000 incapacidades laborales en el país, las cuales solo en el año 2016 sumaron 26 millones de días.

“Estamos trabajando el tema porque las estadísticas muestran que hay un fraude y nosotros venimos adelantando un estudio con el Ministerio de Salud, porque son ellos los que tienen la información sobre el tema de la seguridad social. Tengo que destacar que por cosas como estas los sistemas están que se revientan, porque materialmente no aguantan la presión financiera que este tipo de incapacidades desmedidas está generando”, dice la ministra del Trabajo, Alicia Arango.

En ese sentido, esa cartera pudo evidenciar que el 78 % de las incapacidades fueron presentadas por hombres y el 22 % por mujeres.

“Realmente estas cifras nos impresionan y este tema también está relacionado con la estabilidad laboral y por eso vamos a hablar con las juntas médicas que deciden sobre el tema de incapacidades y las pensiones de invalidez, porque a las empresas las están afectando las incapacidades injustificadas”, agregó la Ministra.

En cuanto a la edad, se descubrió que el 35 % de las incapacidades se están presentando en trabajadores con edades entre los 20 y 29 años y el 30% entre los 30 a 39 años. Asimismo, el 20% de las certificaciones las tramitan empleados que están entre los 40 y 49 años.

“Tenemos unos datos muy simpáticos como, por ejemplo, por qué los hombres se incapacitan los días lunes. Qué enfermedad será esa”, se preguntó la jefe de la cartera laboral.

Para la Ministra, ese impacto también afecta a las empresas, ya que el promedio de las incapacidades de enfermedad general es de 5,5 días, lo cual representa un incremento en el valor de la nómina del 1,86 %. 

Además, otras cifras revelan que por cada 100 trabajadores, 61 se incapacitan.

Frente a esta problemática, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, destacó —en diálogo con Colprensa— que las incapacidades tienen dos caras: las que realmente necesitan los trabajadores por temas de salud y un abuso por parte de algunos empleados con este mecanismo.

“Queremos fortalecer esa capacidad de gestión y ese sistema de información de incapacidades a nivel nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo estamos buscando que estas incapacidades atípicas, que pueden llegar a más de 540 días, se resuelvan finalmente, bien sea ayudándole al ciudadano a reubicarse en una gran bolsa de empleo o si ha perdido su capacidad laboral haga camino hacia una pensión por invalidez”, recalcó el Ministro.

También destacó que todos los actores del sistema, especialmente los trabajadores, tienen que tener en cuenta que detrás de cada incapacidad hay un esfuerzo del sistema de salud y de las empresas, por lo que este tipo de mecanismos deben ser justificados.

“En el país, las incapacidades al año pueden costar cerca del billón de pesos, pero los trabajadores tienen que entender que esto representa un gran esfuerzo social, porque son muchos los recursos que estamos invirtiendo en la salud de los empleados”, anota.

Respecto a las enfermedades más recurrentes por las cuales se expiden incapacidades, un informe de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) halló que las causas más frecuentes son: episodios de diarrea y gastroenteritis, lumbago no especificado, infecciones virales, infecciones de vías urinarias, así como trastornos de origen lumbar.

El impacto económico

El investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, explicó que las incapacidades deben ser acreditadas por un médico de la EPS a la cual el empleado esté afiliado y debe especificar la patología. 

Cuando son declaradas por dos días, estas deben ser asumidas por los empleadores y si el periodo es superior a este, son responsabilidad de las EPS. No obstante, cuando la incapacidad es de origen laboral o con una enfermedad asociada a este aspecto, son las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) las que entran a evaluar este tema, porque el costo debe ser asumido por ellas.

Frente a este tema, el presidente de la EPS Famisanar, Mauricio Olivera, consideró que las incapacidades incluyen a varios actores del sistema en donde lo que debería primar es la consciencia sobre hacer un buen uso de este derecho y los impactos que tiene sobre el sistema de salud y la productividad laboral del país.

En ese sentido, la cartera laboral también hizo un llamado a los trabajadores y médicos del país para que no incurran en delitos al hacer uso o fraude con incapacidades, ya que esta práctica tiene implicaciones penales.

Eso significa que quienes sean sorprendidos en estos abusos podrían ir a la cárcel.

Los días lunes son los preferidos por algunos trabajadores para pedir incapacidad médica. También es usual en los meses de julio y diciembre, cuando hay festividades.