“Hace más de un mes envié una hoja de vida a Bogotá para una convocatoria en el área comercial de una empresa que encontré en redes sociales. Pero hace unas semanas me respondieron, avisando que habían recibido más de quinientas hojas de vida, para seleccionar a solo dos personas, supongo que la mía ni la revisaron”, dijo Wilmer Yáñez, profesional en administración de empresas, quien lleva todo el tiempo de pandemia desempleado. 

Y es que, si antes la situación en Cúcuta era crítica, debido a las pocas oportunidades para los jóvenes, la crisis desatada por el coronavirus agravó el panorama, pues, cientos de personas han sufrido los estragos de esta emergencia social y económica. 

Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 20,2% para julio de 2020, un aumento de 9,5 puntos porcentuales frente a la registrada en julio de 2019, cuando fue de 10,7 %. 

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Marcela Bautista, docente e investigadora de las universidades Nacional y del Rosario, explicó que esta situación se debe a las múltiples barreras que tienen los jóvenes desde la rama de la educación. 

Bautista reconoce que los jóvenes deben enfrentarse a varios dilemas y obstáculos desde que están en el colegio, como, por ejemplo, pasar los grados 10 y 11, en donde “no hay procesos de orientación ni de acompañamiento que apoyen sus proyectos de vida”. 

“La oferta de educación superior no está definida de manera equitativa para jóvenes, porque, aunque en términos teóricos está disponible para toda la población, esas ofertas no están para todo el mundo”, dijo Bautista. 

Si bien es cierto que los jóvenes tienen oportunidades de cursar programas técnicos o tecnológicos que les permitan conseguir un empleo, ya que no cuentan con los recursos para una carrera profesional, nada les asegura una estabilidad económica. 

“Los jóvenes saben que seguramente cursar un programa técnico o tecnológico no les va a garantizar los mismos ingresos entre un programa profesional, además, el mercado laboral aún no valora los egresados de programas técnicos y tecnológicos de manera equitativa con los programas profesionales”, mencionó la docente. 

Para Bautista, esta es una de las razones por las que los jóvenes no logran entrar al mercado laboral, por lo que se deben formular políticas públicas que generen oportunidades equitativas para todos los jóvenes del país y cerrar las brechas sociales. 

Durante el trimestre de mayo-julio de 2020, Cúcuta y su área metropolitana ocuparon el cuarto puesto entre las ciudades con mayor tasa de desempleo (31,7%). En primer lugar, se ubicó Neiva (37,4%), seguido de Ibagué (35,5%) y Popayán (33,5%). 

De acuerdo con el reporte, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14 y 28 años fue de 29,7%, con un incremento de 12,2 puntos con respecto al trimestre del año anterior. 

Infortunadamente, las mujeres continúan siendo las más afectadas, ya que, mientras los hombres se ubican en una tasa de desempleo del 16,2%, las mujeres están en un 26,2%, comprendiendo las edades de 25 a 54 años. 

‘Sin experiencia, no hay esperanza’

Alejandra Terra, tiene 24 años, se graduó a finales de diciembre de 2019 como psicóloga. Su experiencia la adquirió en los trabajos de comunidad que desarrolló desde diferentes asignaturas mientras estudiaba, pensó que esa sería la puerta de entrada para encontrar un buen empleo, pero no fue así. 

Aunque en junio de este año se anunció la nueva ley que reconoce las prácticas, monitorías y pasantías como experiencia profesional, tanto para el sector público como privado, muchas organizaciones continúan exigiendo más de dos años de experiencia, lo que sigue limitando a los recién graduados. 

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“Salimos con la ilusión de que las personas con las que ya hemos trabajado nos colaboren, pero no. Cuando hicieron el anuncio de la validación de las prácticas como experiencia, me postulé en algunas convocatorias, pero los resultados han sido fallidos”, expresó Terra. 

La joven profesional asegura que, aunque la nueva ley es una gran ventaja, muchas empresas aún no la tienen en cuenta, ya que prefieren encontrar personas con un perfil mucho más amplio, es decir, con más estudios fuera del pregrado. 

“Hoy exigen profesionales multifuncionales, bilingües, con maestrías, especializaciones y si tiene el doctorado, perfecto, pero, ¿cómo pretenden que logremos todo esto, si no nos dan la oportunidad de aprender desde lo más básico, tener una fuente de ingresos que nos permita seguir preparándonos y, sobre todo, que luego de especializarnos, realmente nos paguen lo que se debe?”, añadió Terra. 
 
Carmen Cárdenas, profesional en Derecho, indicó que las oportunidades deben buscarse fuera de Cúcuta, ya que, para ella, la ciudad fronteriza por ahora no tiene nada que ofrecer, sino mucho por mejorar. 

“Si antes de la pandemia uno no encontraba nada, ahora peor, teniendo en cuenta que la rama judicial también se vio afectada. Yo iba a iniciar de asistente con un abogado de la ciudad en abril, pero unos días después que el presidente anunciara las medidas y el aislamiento, me dijo que por ahora no sería posible”, señaló Cárdenas. 

La informalidad, en aumento 

Según cifras del DANE, de acuerdo con la medición de empleo informal, Cúcuta ocupa el primer lugar con el 67,7% en informalidad, seguida de Sincelejo con el 63,3% y Riohacha con el 60,8%.

Mientras varios sectores en medio de la nueva fase de aislamiento selectivo reabrieron sus puertas, el comercio informal sigue abriéndose paso en la ciudad, especialmente con los jóvenes. 

“Se dice que la informalidad es la ilegalidad, pero sin oportunidades es el único camino. Jamás me imaginé ponerme a vender zapatos o ropa de esquina en esquina, luego de estudiar cinco años en la universidad para ser ingeniero, pero, hasta ahora, es lo que hay”, dijo uno de los profesionales, pero que prefirió no ser mencionado. 

Estas son cifras que no deberían sorprender. Desde hace varios años, Cúcuta ocupa esta posición y es que, en la ciudad, más del 90% de las empresas son micro, lo que significa que no tienen más de 5 empleados, sumándole a esto que, debido a la pandemia, muchas quebraron . 

Normalidad y virtualidad 

Las clases para los universitarios iniciaron otra vez para el segundo semestre académico del 2020. Aunque la nueva normalidad trae consigo medidas más flexibles, la virtualidad en los escenarios educativos es nuevamente la protagonista.

Una realidad a la que muchos se han tenido que acostumbrar a través de una pantalla y otros han batallado para vivirla, pues no poseen los aparatos electrónicos ni técnicos como un celular, computador o internet para acceder a las clases virtuales. 

Si bien es cierto que, a través de la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, los estudiantes de las universidades Francisco de Paula Santander y Pamplona lograron la matrícula cero para este periodo estudiantil, las limitaciones de conectividad son latentes. 

“Logramos pagar la matrícula de los treinta mil quinientos, pero muchos seguimos sin computador o sin internet, pero con las ganas de salir adelante. La pandemia nos dejó atados por todos lados, porque por lo menos yo trabajaba de mesero en un restaurante y ellos fueron los más afectados, y por más que intenté buscar algo para lograr comprarme al menos una tablet, no fue posible”, dijo uno de los estudiantes de la UFPS, que pidió la reserva de su identidad. 

El Banco de la República, a través del Reporte de Mercado Laboral de julio de 2020, señaló que “la pandemia de la  COVID-19 trajo consigo un deterioro sin precedentes del mercado laboral colombiano, tanto por su rapidez como por su magnitud. Alrededor de una cuarta parte del empleo previo a la crisis se destruyó en marzo y abril, y si bien en mayo se registró un leve repunte de la ocupación, sus caídas anuales siguen superando el 20%. 

Según el reporte, en abril se perdieron 2,9 millones de empleos en Colombia, que, aunque en mayo lograron recuperarse 667.000, la tasa de ocupación se sitúa en los niveles más bajos de la historia reciente (44%). 

Entre abril de 2019 y abril de 2020 se perdieron en el país 2,6 millones de empleos asalariados y 2,7 millones de no asalariados. Esto equivale a caídas del 27,2% y 22%, respectivamente, es decir, que los más afectados fueron aquellos que pertenecen al sector informal.