La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este jueves con altos funcionarios en su segundo día de visita a Venezuela, marcado por protestas para llamar su atención sobre la grave crisis.

Varios cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Caracas para advertir a Bachelet sobre el colapso de la salud y los “presos políticos”, entre múltiples denuncias.

“Espero muchísimo de la visita, que ponga sus buenos oficios (...) y nos ayude a las madres, esposas, hijos de los presos políticos”, dijo a la AFP Betzayda Natera, madre de un militar detenido por una rebelión contra el presidente Nicolás Maduro en enero pasado.

A la fecha hay 687 “presos políticos”, según la ONG Foro Penal, cuyo director, Alfredo Romero, será recibido por la Alta Comisionada junto con familiares de opositores presos y de fallecidos en protestas.

Temprano, en la Cancillería, la comisaria se entrevistó con el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, clave en el apoyo militar a Maduro, y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, de línea oficialista. “¡Bachelet, escuche al pueblo, no se encierre con políticos que le van a decir que todo está bien!”, gritaron manifestantes frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde estuvo la diplomática a primera hora.

Trabajadores de la salud y del sector educativo también denunciaron la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, y la precariedad de las escuelas.

“Los hospitales necesitan ayuda humanitaria, la situación es crítica”, dijo a periodistas Silvia Bolívar, enfermera de la maternidad Concepción Palacios. 

El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, dijo haberle informado a la comisionada que su despacho ha acusado a 596 agentes del Estado por violaciones de derechos humanos. 

Bachelet, quien hará una única declaración antes de partir el viernes, refirió hace poco denuncias de “asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas” por parte de autoridades durante protestas a inicios de este año.

Maduro advirtió el miércoles que espera que la visita de la expresidenta chilena “sea para bien”, mostrándose abierto a escuchar “recomendaciones”. El gobierno está dispuesto a “corregir lo que haya que corregir” de la mano de la ONU, afirmó en tanto su canciller Jorge Arreaza.

Escasez de bienes básicos y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019 caracterizan la debacle del país con las mayores reservas petroleras, de la cual la oposición culpa a Maduro, y éste, a su vez, a un “bloqueo financiero y comercial” de Washington.

Según la ONU, debido a ello un cuarto de la población -equivalente a siete millones de personas- requiere ayuda humanitaria urgente, mientras cuatro millones emigraron desde 2015. 

Un informe del organismo estima además que 22% de los menores de cinco años sufre desnutrición, y que 300.000 enfermos crónicos están en riesgo.

Bachelet ha dicho que la negativa del gobierno a reconocer el problema torna insuficiente la respuesta oficial.

Sanciones, en agenda

Bachelet es crítica con las sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para estrangular financieramente a Maduro. En particular, teme que la prohibición de transar crudo venezolano en el mercado estadounidense agrave las penurias.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, le manifestó a la diplomática que esas medidas “vinieron a exacerbar la situación de asfixia de la economía”, ya golpeada por una reducción del ingreso petrolero de 42.600 millones de dólares en 2013, a 4.000 millones en 2018.

La alta responsable abordó esta cuestión el miércoles con Arreaza, quien asegura que el congelamiento de activos en Estados Unidos y Europa ha mermado el presupuesto para importar fármacos e insumos médicos.

Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por culpa de las sanciones, que Washington advierte con endurecer hasta que Maduro caiga.