La oposición venezolana continúa este fin de semana su presión en las calles contra el presidente Nicolás Maduro, pese a un recrudecimiento de la violencia que deja 36 muertos en poco más de un mes de protestas, que han degenerado en saqueos y disturbios.

Un joven murió este viernes tras ser gravemente herido en disturbios registrados la víspera en la ciudad de Valencia (norte), donde se registraron choques entre opositores y las fuerzas de seguridad, y saqueos en un centenar de negocios.

"Esto es vandalismo. Se aprovechan de las protestas para salir a robar. Se robaron casi toda la comida. ¿Ahora qué comemos?", declaró a AFP Magaly Oliveros, ama de casa de 64 años, en Valencia, 160 km al oeste de Caracas.

Los saqueos ocurrieron también en otras ciudades. Temerosos ante nuevos estallidos de violencia muchos se aprovisionan de comida, agua y gasolina. En algunos sectores de Valencia, la gente compra yuca y plátano, lo que encuentran. 

Los opositores preparan para el sábado una marcha de mujeres que -vestidas de blanco- tratarán de llegar a la sede del Ministerio de Interior, en el centro de Caracas, para exigir el cese de lo que denuncian como una "salvaje represión".

"El régimen se está cayendo. No tiene fuerza y está mostrando lo peor que tiene, usando las armas porque no tienen la razón", dijo Lilian Tintori en el portón de la cárcel de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde exigió le dejen ver a su esposo, el opositor Leopoldo López, incomunicado desde hace 33 días.

Las protestas ocurren en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo, que llegaría a 720% en 2017 según el FMI. Más del 70% de los venezolanos, según encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro.

"La batalla es entre la mayoría y la fuerza. La mayoría termina con más heridos pero la fuerza con una profunda e irremediable herida moral", comentó el analista Luis Vicente León.

"La guerra o la paz"

La oposición exige llamar a elecciones generales. Sin embargo, Maduro presentó el miércoles ante el Poder Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que según sus adversarios busca eludir comicios de gobernadores y alcaldes este año y las presidenciales en 2018.

Maduro sostiene que la Constituyente permitirá "reconciliar" al país y frenar lo que llama la "arremetida de la derecha opositora" que según él busca derrocarlo y propiciar una intervención de Estados Unidos para apropiarse de la riqueza petrolera del país sudamericano.

"No nos queda otra: convocar al pueblo y que éste decida el destino de la patria: la guerra o la paz", declaró este viernes Elías Jaua, quien dirige una comisión presidencial para discutir con todos los sectores sociales el alcance de la Constituyente.

Maduro asegura que su proyecto busca "reforzar" la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para profundizar la revolución, y que será una Constituyente "popular" y no "de élites ni partidos".

Según el mandatario, estará integrada por 500 asambleístas, una mitad elegidos por sectores sociales y la otra por circunscripción municipal, lo cual según expertos hará que el voto no sea universal.

"Hay una élite que desconoce esta fuerza popular,revolucionaria que es el chavismo. Ténganlo claro (...) no nos vamos a dejar desconocer, no vamos a permitir que aquí se instale un régimen fascista", advirtió Jaua.

La canciller Delcy Rodríguez se reúne este viernes con el cuerpo diplomático, y Jaua citó a la oposición para el lunes.

"No vamos a aceptar el fraude madurista. No nos vamos a dar con la misma piedra con sus convocatorias para que nada cambie, ellos sigan en el poder y el país se siga destruyendo", declaró el líder opositor Henrique Capriles.

La oposición asegura que esa iniciativa consolida el "golpe de Estado", que según dice inició cuando el máximo tribunal de justicia asumió temporalmente a fines de marzo las funciones del Parlamento, único poder público que controla. 

En un hecho que es interpretado por algunos analistas como fisuras en el chavismo, la fiscal general, Luisa Ortega, chavista confesa, condenó la represión de las protestas, en una reciente entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Según Capriles, 85 militares fueron detenidos por estar en desacuerdo con al "represión". Ninguna autoridad se ha referido a esa versión.