Las autoridades electorales de Venezuela suspendieron el jueves la recolección de firmas prevista para finales de octubre que activaría un referendo para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, tras acatar una serie de medidas cautelares dictadas por varios tribunales locales que anularon una recolecta anterior.
 
"Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos", informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado divulgado en la noche del jueves.
 
"El Poder Electoral informa al país que ha sido notificado, por tribunales de la República, de medidas precautelativas que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección de 1% de manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la mediación de la organización con fines políticos MUD (la Mesa de la Unidad Democrática", que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición, acotó el escrito.
 
De momento, las sentencias no han sido publicadas por ninguno de los tribunales.
 
De acuerdo con el CNE, las medidas "fueron decididas tras la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral".
 
El gobernador oficialista del estado de Aragua, Tareck El Aissami, recibió las medidas con agrado y afirmó que "lo dijimos y lo ratificamos, el fraude de la MUD no iba a quedar impune".
 
El oficialismo había sostenido repetidamente que el referendo no podría darse en 2016 ni en 2017, argumentando que la oposición cometió fraude en una primera recolección de firmas y que los tribunales debían dar respuesta a las demandas que se hicieron por esas supuestas irregularidades.
 
La autoridad electoral _que es vista como favorable al oficialismo_ ya había aprobó en agosto la validación de más de 1% de las firmas recolectadas en abril y que avalaban el referendo. Ese proceso de validación se realizó en cada uno de los 23 estados del país y el Distrito Capital.
 
El CNE anunció entonces que se capturaron los registros de 407.622 electores, de los cuales 399.412 coincidieron con la base de datos del organismo. Las firmas validadas representaron más del doble de la cifra requerida, con lo que se activó la segunda fase del proceso refrendario.
 
Opositores había acusado al gobierno de Maduro de maniobrar judicialmente para desalentar a la población a que acuda masivamente a la próxima recolección de firmas. También denunció que varias acciones judiciales podrían intentar paralizar el proceso en momentos en que la popularidad de Maduro viene en declive.
 
Venezuela está sumida en una compleja crisis caracterizada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos. La crisis ha generado un creciente malestar entre los venezolanos y han golpeado la aceptación de Maduro.
 
El partido opositor Voluntad Popular acusó a las autoridades judiciales y electorales de actuar mancomunadamente con el gobierno para lograr la suspensión de la recolecta.
 
"Hoy los venezolanos y el mundo hemos sido testigos una vez más de la aberración y perversión de los sistemas judicial y electoral venezolano, cuando en clara complicidad cuatro (4) rectoras del CNE, cinco (5) jueces penales" y varios gobernadores oficialistas, que impulsaron las acciones judiciales, "se convirtieron en co-violadores de la Constitución al dictaminar que los ciudadanos... no pueden ejercer uno de los derechos más sagrado de los pueblos libres: el derecho al voto y con ello convalidan la suspensión del proceso de recolección" de firmas, indicó Voluntad Popular en un comunicado.
 
La suspensión se dio dos días después que el Tribunal Supremo _cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas_ falló que la oposición debía reunir las firmas de 20% de los votantes registrados en cada uno de los 24 estados a fin de forzar el  referendo.
 
Según los opositores, esa decisión también buscaba complicar la nueva recolecta, particularmente en estados rurales dominados por el gobierno. Según la oposición, el 20% debe ser el porcentaje considerado de manera nacional y no estado por estado.
 
El CNE además había indicado que en caso de que la oposición lograra recolectar las rúbricas, el referendo no se celebraría antes del primer trimestre de 2017.
 
Si bien al menos siete de cada 10 venezolanos están a favor de celebrar el referendo revocatorio este año _según señalan las principales encuestas locales_ nunca estuvo claro cómo podría la oposición sortear el cúmulo sostenido de obstáculos para lograr la realización del referendo antes del próximo 10 de enero, que es cuando se completa más de la mitad del sexenio presidencial de Maduro.
 
De darse la consulta luego de esa fecha y de ser revocado el mandato de Maduro, los últimos dos años de su período presidencial deberán ser completados por el vicepresidente de turno, según establece la Carta Magna.