Venezuela renovó este lunes sus cuestionamientos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al rechazar que esos organismos visiten el país para observar las elecciones y la situación general.

"Venezuela no tiene confianza en la OEA", dijo Germán Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos de Venezuela, al margen del 156 período de sesiones de la CIDH en Washington.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha respaldado en repetidas oportunidades la participación del organismo en los comicios legislativos del 6 de diciembre, a los que hasta ahora solo ha sido convocado Unasur.

Saltrón dijo que a las elecciones también acudirán observadores del Mercosur y la Celac, y abrió una invitación a la Unión Europea.

Pero no la OEA, que "ha certificado golpes de Estado, fraudes electorales y dictaduras", denunció el funcionario venezolano. "No tiene credibilidad internacional, es un organismo caduco", señaló.

Venezuela también enfiló críticas contra la CIDH, órgano de la OEA sobre derechos humanos que funciona de manera autónoma, a la que acusa de haber apoyado el fallido golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de estar parcializada a favor de Estados Unidos.

El relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió durante las sesiones visitar Venezuela "a la brevedad" para evaluar la situación de los medios de comunicación y denuncias de acosos contra periodistas.

"Venezuela permite la visita de la CIDH siempre (que) rectifique del error cometido de haber apoyado el golpe de Estado", respondió Saltrón.

"Mientras tanto no son dignos de visitar nuestro país", apuntó.

El relator para Venezuela, el chileno Felipe González, negó que el ente interamericano de derechos humanos haya reconocido la intentona golpista, señalando que la Comisión fue "muy bien recibida" por Chávez un mes después.

"La Comisión se limitó en ese momento a dirigirse al gobierno de facto como se dirigía a las dictaduras (...) La comisión no reconoce o desconoce gobiernos, no tiene esa facultad", afirmó.

"El problema surgió una vez que la Comisión emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela" al año siguiente, añadió.
       
Acceso restringido a la información

Venezuela centraba la atención en la primera jornada de audiencias de la CIDH en Washington, en las que activistas denunciaron atentados contra la libertad de expresión, opacidad de los organismos públicos y acoso contra defensores de derechos humanos.

Las organizaciones destacaron 205 casos de supuestos hostigamientos verbal, censura e intimidación contra periodistas y voces críticas, entre enero y septiembre de este año.

Debido a un marco legal "restrictivo" -60 de 475 normas limitan la publicación de estadísticas en organismos públicos- el acceso a la información pública en Venezuela es "prácticamente inexistente", denunció la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.

El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, resaltó el "esfuerzo del Estado" en prácticas de gobierno electrónico y leyes que promueven el "infogobierno", pero reconoció que "hay debilidades que hay que atender".

Pero el relator González, recordó que el acceso a la información en Venezuela es un tema recurrente en las sesiones del organismo interamericano y acusó a las autoridades venezolanas de desatender las acusaciones.

"Considero que el Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias", dijo González.

Marco Ruiz, líder del sindicato de periodistas, denunció censura en periódicos tradicionales, ventas irregulares de medios de comunicación, y ataques físicos contra periodistas que quedan en "impunidad total".

Los activistas también denunciaron la "impunidad estructural" de los ataques y hostigamiento contra defensores de derechos humanos y un incremento de las ejecuciones extrajudiciales a cargo de organismos estatales.

Washington | AFP