A escasos 100 kilómetros de la costa del pueblo donde vive Aron, se encuentra Curazao, una tranquila isla de playas blancas y palmeras, un paraíso en comparación con su realidad en una Venezuela que sufre una dura crisis política y social.

Pero este país no recibió bien a este hombre, que antes de tener tiempo incluso de hacer una solicitud para quedarse fue deportado.

"Apenas llegué (de regreso) vi mucha gente en estado crítico que de verdad necesitaba ayuda", dijo el joven de 24 años, que pidió no ser identificado por su apellido.

"Me dije 'no quiero caer en esto', yo me tengo que volver a Curazao porque aquí por lo menos llevo un tipo de vida mejor, por lo menos (de) comer bien". Fue entonces cuando decidió pagar a los traficantes.

Corre hacia la colina

Aron se apretó junto con otras 30 personas en un pequeño bote de pesca para emprender las 17 horas de navegación del cruce.

"Es demasiado peligroso, uno lo hace por la más pura necesidad", dijo. "Y gracias a Dios, salió todo bien".

Una vez en las costas de Curazao, Aron corrió hacia las colinas para escapar de la policía y la guardia costera.

Durmió como pudo allí durante días antes de llegar a la capital de la isla, Willemstad. Ahora trabaja como soldador.

Según el gobierno de Curazao, un país independiente de 160.000 habitantes dentro del Reino de los Países Bajos, la isla alberga a unos 6.000 venezolanos indocumentados.

Hacinado centro de detención

En informes separados el año pasado, Amnistía y Human Rights Watch criticaron a las autoridades de Curazao por su trato a los inmigrantes venezolanos.

Los acusaron de deportar a migrantes que pueden tener derecho de asilo debido a los peligros en su país de origen.

Hablaron de venezolanos que dijeron haber sido intimidados y maltratados mientras se encontraban detenidos en espera de la deportación en Curazao.

Geraldine Parris, una abogada de Curazao que representa a algunos de los migrantes, dijo que había visitado a venezolanos en las instalaciones donde se encontraban. Según explicó, estaban sucios y hacinados.

"El problema con Curazao es que a pesar de que saben lo que está sucediendo en Venezuela, no han establecido un sistema para gestionar" la recepción de inmigrantes venezolanos, sostuvo.

"No podemos presentarnos como un hermoso país de playas y sol, y ser signatarios de tratados internacionales cuando no practicamos lo que predicamos", agregó.

Tiempos duros en Curazao

La vocera del gobierno de Curazao, Corinne Leysner, argumentó que Curazao había optado por no participar en la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1951.

Pero añadió que Curazao "trabaja lo más que puede dentro de las reglas" del Convenio Europeo de Derechos Humanos con respecto a la prevención de la tortura y los tratos inhumanos.

Aceptar a los solicitantes de asilo "significaría brindarles a estas personas comida, cuidado y refugio, lo cual es imposible en este momento ya que grandes grupos de nuestra población también necesitan ayuda", dijo.

Leysner dijo que el declive económico de Venezuela ha tenido un impacto en Curazao, cuya economía depende en gran medida de las actividades de refinación de petróleo, transporte y aviación vinculadas a Venezuela.

El gobierno holandés escribió a las autoridades de Curazao la semana pasada ofreciendo apoyo en "muy poco tiempo" para manejar la afluencia de migrantes venezolanos.

La carta, a la que AFP tuvo acceso, ofrece "asistencia técnica" para establecer un sistema para procesar las solicitudes de asilo y capacitar a los funcionarios de inmigración y la policía.

En barco, por 100 dólares

Los activistas dicen que muchos de los venezolanos tienen derecho al asilo debido a los peligros y amenazas que enfrentan en su país.

Un expolicía venezolano de 31 años dijo a la AFP que llegó a Curazao luego de ser expulsado de la fuerza policial por negarse a votar por su presidente, Nicolás Maduro. Pidió no ser identificado por temor a la deportación.

"Me llamaron un traidor a la patria... por pensar diferente", dijo. "Como sabía que tenía un expediente, decidí venirme".

Después de ser deportado de Curazao una vez, pagó 100 dólares a los traficantes para cruzar en barco de regreso a la isla, donde ahora vive con su esposa y su hija de cinco años.

En enero de 2018, al menos cuatro personas murieron cuando un bote de inmigrantes venezolanos se hundió en esa misma ruta.

"Para mí, ningún ser humano es ilegal", dijo el expolicía. "Confío en Dios que la situación en Venezuela se mejore y que volvamos a nuestro país a reconstruirlo".