La Odisea de Gerardo Verde y Mahidana Mendoza, ambos de 55 años de edad, inició cuando huyeron de la crisis venezolana e ingresaron  en diciembre de 2018 a territorio estadounidense por la frontera con México. 

Tras ello, las autoridades negaron las peticiones de asilo de la pareja y un juez ordenó en mayo su deportación,  pero pasaron nueve meses sin poder ser devueltos a su país. Todo cambió hasta que  recientemente fueron liberados en suelo estadounidense con órdenes de presentarse ante un tribunal.

“Fue una pesadilla total. No veo la lógica de que hayan tenido que estar tanto tiempo detenidos como criminales cuando vienen pidiendo protección” afirmó Francisco Verde, quien es hijo de la pareja. 
 
Decenas de venezolanos reclaman que sus familiares languidecen en este limbo. Pasan meses en centros de detención de todo el país a la espera de ser deportados, pero ni tienen noticias de su expulsión ni son liberados en suelo estadounidense.

El fondo del problema, según afirmó a la AFP un diplomático de la oposición venezolana, es que desde mayo  la administración Trump suspendió los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Esta decisión se tomó en el marco de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Frente a la falta de vuelos, Gustavo Marcano, nombrado ministro consejero en Estados Unidos por el líder opositor Juan Guaidó, afirmó que “Si bien es cierto que puedes tener una orden de deportación, en este momento ejecutarla es sumamente complejo porque no hay vuelos”.
  
Marcano detalló que “sí se han producido algunas deportaciones, haciendo una escala en un tercer país, pero que estas responden a los venezolanos que tienen una sentencia criminal y no a los casos migratorios comunes”.
 
Según el exdiputado, unos 700 venezolanos están detenidos en Estados Unidos, pero esta cifra no discrimina entre presos con sentencias criminales e inmigrantes con órdenes de deportación.

Un TPS para los venezolanos

Para Marcano la solución es suspender las deportaciones de venezolanos y otorgarles un permiso de trabajo temporal. 

Frente a ello, y luego de reunirse con Gustavo  Marcano  y Carlos Vecchio para abogar por un ‘estatus de protección temporal’ (TPS), Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, afirmó lo siguiente:

“El gobierno de Estados Unidos no tiene relación con el régimen. Este es uno de los elementos que nosotros esgrimimos al solicitar el estatus de protección a los venezolanos”.

Es de destacar que con la aprobación de un estatus de protección temporal, los venezolanos podrán vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Según un censo estadounidense, para 2017 más de 265.000 venezolanos residían en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de la embajada de Guaidó, en realidad son unos 600.000. 

Respecto a la situación Pelosi afirmó lo siguiente: “es urgente que el Congreso apruebe una legislación que verdaderamente proteja a los venezolanos (…) no por un par de años si no hasta que sea renovado. Algo que proporcione cierta seguridad”.

Un proyecto de ley bipartidista, en este sentido, está paralizado en el Congreso tras su rechazo en el Senado estadounidense, el cual está compuesto en su mayoría por republicanos. Otras naciones como  Haití, El Salvador y Honduras  se han beneficiado del TPS, siTrump reúne esfuerzos para revocarlo.

La misión de Marcano también dialoga con el Ejecutivo sobre la posibilidad de que se decrete una medida de suspensión de deportaciones.

Luego de que se viralizara un video donde Francisco Verde exponía a la periodista Carla Angola la situación de su familia, Damarys Rangel,  una abogada venezolana especializada en derechos humanos, recogió 13 casos de detenidos en situaciones similares y el jueves envió un informe con ellos a Carlos Vecchio, nombrado por Guaidó su embajador en Washington.
 
“El papá de mi hija está detenido (...) desde el 2 de febrero, el asilo le fue negado y tiene orden de deportación (...) No hay manera de deportarlo ya que no hay vuelos directos”, relata  una de las mujeres citadas en el informe.
   
Es de destacar que pese a que Rangel no ejerce en Estados Unidos, puso a los familiares en contacto con abogados locales. 
 
Según ella, en territorio estadounidense, a la fecha, se están redactando informes con otros 40 casos de venezolanos detenidos con órdenes de deportación que no se ejecutan.