El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas por parte de la comunidad internacional. 

Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “suprimió” partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro.

La decisión resultó de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por el presidente venezolano para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes del TSJ suponían una “ruptura del orden constitucional”.

 Sin embargo el acuerdo no convenció a la oposición.

“No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa”, dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges.

“La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo”, subrayó durante una concentración de opositores en Caracas.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan “despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.

En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ “reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones” que fija la Constitución.

El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares.

El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.

Elecciones generales

(El presidente del Parlamento, Julio Borges, comandó ayer la marcha de la oposición por las calles de Caracas.)

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición reactivó ayer sus manifestaciones.

Un millar de personas asistieron a una sesión parlamentaria de la mayoría opositora en una plaza de Caracas, donde exigieron comicios generales ante el colapso económico.

“Elecciones generales, nada de diálogo. Ellos violaron la Constitución tratando de anular el Parlamento y ahora se echan para atrás, pero seguimos en dictadura”, dijo Eugenia Salazar, jubilada de 67 años.

Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaron llegar a la Defensoría del Pueblo para pedir a ese organismo unirse al pronunciamiento de la fiscal. 

Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.

El país sufre, además, elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi ocho veces más que la media mundial.Aludiendo a las críticas de varios gobiernos, Maduro lanzó una dura advertencia a la oposición.

“Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle”, desafió el presidente, cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas.

Maduro denuncia un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo.

Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que sus adversarios congelaron en diciembre pasado.