El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) “en el exilio” condenó en Bogotá al presidente de ese país, Nicolás Maduro, a 18 años y tres meses de cárcel por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, en un caso con la constructora brasileña Odebrecht.

“Las penas de delitos cometidos deben ser impuestas en su término medio tomando en cuenta las circunstancias agravantes y las consideradas por este órgano jurisdiccional (...) quedando las penas a aplicar para ambos hechos delictivos de la siguiente manera: 18 años y tres meses de reclusión”, manifestó el magistrado Rommel Gil durante la audiencia en el Congreso de Colombia.

Gil detalló que la condena se debe cumplir en la Cárcel de Ramo Verde en el estado de Miranda, donde estuvieron encarcelados los opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal.

El magistrado agregó que el TSJ encontró durante la investigación “fehacientemente culpabilidad penal” de Maduro, por lo que además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.

Además, el Tribunal Supremo de Justicia “en el exilio” sancionó al presidente venezolano con una multa de 25 millones de dólares por el delito de corrupción propia y a resarcir 35.000 millones de dólares al Estado por legitimación de capitales.

Tras finalizar el juicio, que fue considerado por el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, como “histórico”, el público venezolano presente en la sala despidió a los magistrados con aplausos al grito de “justicia, justicia, justicia”.

El TSJ inició el 2 de agosto, en Bogotá, un juicio promovido por la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas con las que vincula a Maduro con Odebrecht.

Según Ortega, Maduro firmó como canciller del fallecido presidente Hugo Chávez contratos asignados de “forma directa” a la empresa como pago por apoyarlos en la campaña presidencial de 2005.

De igual forma, lo acusa de pedir a la compañía brasileña 50 millones de dólares para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones, a cambio de dar un “trato preferencial” a Odebrecht.