Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de ciudadanos venezolanos por blanquear cientos de millones de euros supuestamente obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez.

En España la Justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, detenido de nuevo esta semana en Madrid por lavar dinero que presuntamente desvió de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Dos jueces andan tras la pista del dinero que estos investigados introdujeron en España, nada fácil de rastrear porque para ello lo pasaron de un país a otro, incluyendo paraísos fiscales, usando una maraña de sociedades.

"Son repudiados por el régimen de Maduro o que han perdido los contactos con el nuevo régimen para seguir enriqueciéndose a costa de Venezuela", explica una fuente de la investigación a estos ciudadanos venezolanos, que se han dedicado a invertir en inmuebles en España para lavar el dinero.

En el caso de Villalobos y los otros tres detenidos junto a él -entre ellos, Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma- blanquearon en la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros ubicados en la turística localidad de Marbella (Málaga, sur) y en Madrid, que han sido bloqueados por la justicia española.

Lo hicieron en gran parte a través de la sociedad Columbus Properties One, promotora de pisos embargados, que se nutría de capitales gestionados por la sociedad Swiss Invest, entre cuyos clientes figuran ex altos cargos venezolanos.

El camino que, según los investigadores, seguía el dinero presuntamente ilegal de estas personas -también se detuvo en España a la mujer y uno de los hijos del magnate venezolano residente en EEUU Roberto Rincón- pasó por dos etapas diferenciadas.

En general, primero se asentaban en Estados Unidos por proximidad, normalmente en Miami, donde montaban un grupo empresarial para justificar su dinero ilegal con una actividad que normalmente no existía.

Desde Estados Unidos, algunos dieron el salto a Europa para acabar en España por afinidad cultural e idiomática, si bien el dinero procedente de los sobornos de empresas públicas venezolanas no aterrizaba directamente en este país.

Los fondos pasaban antes por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio, a través de "estructuras empresariales complejas, sin justificación desde el punto de vista fiscal o financiero", explican las fuentes consultadas.

Una vez en España invertían el dinero en inmuebles, como es el caso de Villalobos, a quien ya se le investigaba por haber usado fondos irregulares para comprar su vivienda de la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja, donde esta semana fue detenido.

Debido a este flujo del dinero, varios países investigan a estos ciudadanos que se enriquecieron expoliando las arcas públicas venezolanas y que llegaron a usar el sistema cambiario del bolívar y el dólar para sacar dinero de la petrolera.

Los investigados suelen alegar que se dedicaron al sector público y que luego hicieron dinero en el sector privado, sobre todo con labores de consultoría a empresas públicas venezolanas difíciles de acreditar y por las que supuestamente recibían los fondos expoliados.

En el primer país donde aterrizaban, Estados Unidos, una veintena de personas, entre exfuncionarios venezolanos y empresarios estadounidenses, se han declarado ya culpables de sobornos relacionados con PDVSA en procesos seguidos por tribunales de distintos estados.

En Portugal se sigue otra investigación sobre fondos de PDVSA y otras empresas públicas gestionados por el quebrado Banco Espirito Santo y que se desviaron en parte a paraísos fiscales para pagar supuestos sobornos a funcionarios venezolanos.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, donde una juez procesó hace algo más de un mes a Villalobos y a otro exviceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público durante el gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.