La oposición venezolana y los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro vuelven este sábado a las calles, en un tenso pulso marcado por casi dos meses consecutivos de violentas protestas que dejaron 47 muertos, en su mayoría jóvenes.

"Vamos a mostrar gente y fuerza (...) porque es una forma de recordarle al gobierno que tras 50 días de resistencia, muertos y presos, somos más y no nos vamos a rendir", aseguró en una asamblea ciudadana Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.

Los adversarios de Maduro confían en que esta nueva marcha en la principal autopista de Caracas supere la del 19 de abril, la más multitudinaria de esta oleada que en siete semanas también ha dejado cientos de heridos y unos 2.200 detenidos.

Según la ONG Foro Penal, al menos 161 personas han sido encarceladas por orden de tribunales militares.

Del otro lado, Maduro recibirá en el Palacio presidencial de Miraflores a los trabajadores del sector alimentación que marcharán desde el centro de Caracas en respaldo a la Asamblea Constituyente "popular", convocada recientemente por el mandatario.

El país está completamente dividido y casi paralizado, en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI escalará a 720% este año. Un cóctel que se complementa con altos índices de criminalidad.

Los opositores denuncian una "salvaje represión" del gobierno, que a su vez los acusa de apelar al "terrorismo" para asestarle un golpe de Estado con financiación de Estados Unidos.
       
"Desconocer al Estado"
       
En los últimos días se multiplicaron las muertes por heridas de bala en hechos vinculados con las protestas, por lo cual la Fiscalía investiga a varios policías y militares.

Algunos de esos hechos se han presentado en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), hacia donde Maduro ordenó esta semana el envío de 2.600 militares tras disturbios y saqueos.

Las protestas tomaron combustible con la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores controlados por el chavismo.

Y la crisis también alcanza a filas del chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista pero cada vez más alejada del gobierno, opinó que esa iniciativa agravaría la crisis, según una carta enviada al gobierno y difundida por la prensa local.

La oposición rechaza la Constituyente por considerar que busca evitar elecciones. Sin embargo, Maduro ha garantizado que en 2018 habrá comicios presidenciales como ordena la ley. 

Están pendientes los de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, y este año corresponden los de alcaldes.

Guevara aseguró que en el momento en que Maduro anuncie las "bases comiciales" de la Constituyente, comenzará la "etapa final" de su gobierno. 

"La población paralizará al país para desconocer al Estado dictatorial", dijo. 

Maduro insistió el viernes en que la Constituyente "es el camino para la paz, el diálogo y el consenso", mientras la oposición sólo propone "violencia y muerte". 
       
Lealtad militar
       
Analistas coinciden en que, tras más de mes y medio de protestas, el reto de la oposición es mantenerse en la calle de manera pacífica.

"El éxito de una protesta depende de su masificación y permanencia", opina Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, quien advierte que si las manifestaciones toman derivas violentas "pierden impacto".

Maduro enfrenta el rechazo de siete de cada diez venezolanos, según sondeos privados, en medio de la devastación económica que se acentuó con la caída de los precios del petróleo en 2014.

El principal apoyo de Maduro es la Fuerza Armada, con enorme poder político y económico, que en reiteradas ocasiones le ha expresado "lealtad incondicional". 

El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe de la institución, llamó esta semana a los opositores a no equivocarse, pues según él los militares y el gobierno juegan "en el mismo tablero".

La oposición se volcó a las calles luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- asumiera el 30 de marzo las funciones del Parlamento.

Esa decisión -anulada parcialmente tras un fuerte rechazo internacional- provocó la irrupción de lleno de Estados Unidos en el conflicto. 

El jueves, el Tesoro norteamericano impuso sanciones económicas a ocho magistrados del TSJ acusándolos de usurpar las funciones del Legislativo, lo que implica el congelamiento de bienes que puedan tener en Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump calificó la situación de Venezuela como una "vergüenza para la humanidad".

A lo que Maduro respondió: "ísaca tus manos cochinas de aquí, ya basta de intervencionismo imperialista!".