El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló este viernes la decisión del Parlamento, de mayoría opositora, de aprobar la reincorporación del país a un tratado de cooperación militar regional, anunció el organismo.
   
La corte, de línea oficialista, "declaró la nulidad absoluta y carencia de efecto jurídico del acuerdo" legislativo para el retorno del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), del que se retiró en 2013.
   
En la sentencia, leída por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, el TSJ recordó que la cámara -único poder en manos de la oposición- se encuentra en "desacato" desde 2016, por lo que todos sus actos son nulos.

Lea además Parlamento aprueba el retorno de Venezuela al TIAR
   
Además, señaló que la conducción de la política exterior, así como la celebración y ratificación de tratados internacionales corresponde al "presidente constitucional" Nicolás Maduro.
   
"Cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar dicho tratado debe ser considerada un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio, a la paz, y al derecho internacional", subrayó el texto.
   
La decisión del Parlamento, adoptada el pasado martes, forma parte de la campaña del líder opositor Juan Guaidó para expulsar a Maduro, a quien el Legislativo declaró en usurpación del poder por considerar que su reelección en 2018 fue fraudulenta.
   
Guaidó, jefe legislativo reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, ha dicho que este paso permitirá establecer "alianzas internacionales" para "defender al pueblo y la soberanía".
   
Estados Unidos, principal apoyo diplomático de Guaidó y suscriptor del TIAR, no descarta una acción armada para sacar al mandatario, apoyado por Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba. 
   
Adoptado en 1947, el tratado establece que un ataque armado contra un Estado americano por parte de otro país será considerado una agresión a todos sus miembros, que se comprometen a enfrentarlo conjuntamente.
   
También indica que el uso de la fuerza podrá ejercerse cuando en un país se presente una situación que "amenace la paz del continente".