La oposición venezolana emprendió una nueva ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro con protestas de calle para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, en el que es mayoría.

Tras meses en que pareció haber perdido el rumbo, ¿qué le permitió tomar este nuevo aire y cuánto podrá conseguir?

Oposición revitalizada

En menos de una semana los adversarios de Maduro han manifestado cuatro veces contra dos sentencias en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó brevemente las facultades del Legislativo. 

El apoyo ha sido creciente. La primera protesta, el sábado pasado, reunió a unas mil personas; el jueves, a unas 10.000.

Esto, en momentos en que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había perdido 8,4 puntos porcentuales de apoyo desde que fracasó un diálogo con el gobierno, en noviembre pasado, según un estudio de marzo de Venebarómetro.

Las decisiones del TSJ cohesionaron a la oposición, divida además al fallar en su intento por convocar un referendo revocatorio contra Maduro. Ahora parece remar en la misma dirección, a juzgar por sus demandas. 

"El TSJ prendió las alarmas y compactó al enemigo. El salto al precipicio del gobierno con esas sentencias logró movilizar no solo a la oposición, sino a toda la sociedad, la sacó de una inercia que se creó el año pasado", explicó a la AFP la psicóloga social, Colette Capriles.

Los fallos además generaron amplio rechazo internacional, lo que también impulsó a los adversarios de Maduro, según los analistas. 

"El reto de la oposición ahora es alimentar una esperanza realista de cambio para impulsar la movilización", opinó el politólogo John Magdaleno.

Según Venebarómetro, 74% de los venezolanos desean un cambio de gobierno.

Elecciones

Las manifestaciones, que ya dejaron un muerto, decenas de heridos y detenidos, difícilmente precipitarán un cambio de gobierno, según los expertos, pero sí podrían lograr que se fije la fecha de las elecciones de gobernadores.

Esos comicios debieron realizarse en diciembre último, pero el poder electoral los postergó y aún no tienen fecha. La oposición exige su convocatoria, así como un adelanto de las presidenciales pautadas para 2018, algo que Maduro descarta tajantemente.

"Se puede lograr que salga un cronograma electoral, no creo que haya cambio de magistrados", dijo Capriles, en referencia al proceso que inició el Parlamento para destituir a los jueces del TSJ que redactaron las sentencias. 

Según Magdaleno, el gobierno solo tiene dos alternativas: "cede frente a la principal demanda, las elecciones regionales, con alta probabilidad de sufrir una derrota estrepitosa, o se atrinchera y amenaza con la utilización de la violencia".

De todos modos, si accede a los comicios de gobernadores no podrá evitar la "demanda de cambio presidencial que generarían", advirtió. 

Salvo la Asamblea Nacional, el chavismo controla los demás poderes públicos.

"Alerta combativa"

Pero las primeras reacciones del gobierno indican que se podría radicalizar ante las demandas de sus contradictores. 

El viernes, la Contraloría -acusada por la oposición de servir al gobierno- inhabilitó al dirigente Henrique Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años, lo que lo dejaría fuera de la carrera presidencial, aunque la decisión, basada en supuestas irregularidades como gobernador, será apelada.

Maduro, en sus más recientes alocuciones, se ha limitado a decir que el chavismo ganará las elecciones de 2018, sin precisar a cuáles se refiere. 

No menciona las regionales ni las municipales, que corresponden a fines de este año.  

Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del oficialismo, pidió incluso a la Milicia (grupos civiles armados por el gobierno) "pasar a la alerta combativa cuando la derecha (...) crea que va a dar un golpe de Estado".

"Cabello se posiciona como el artífice de la violencia política, alardea de su poder militar. Se ofrece como garantía de que la revolución no se pierda", afirmó Colette Capriles. 

La analista prevé que se mantendrá el discurso de que la oposición prepara un "golpe de Estado" para justificar a nivel internacional que no se realicen elecciones. 

"Si el gobierno asume la represión, los costos pueden ser muy elevados y tener un impacto muy serio en la cohesión del chavismo, como ya pasó con el pronunciamiento de la fiscal", anotó Magdaleno. 

La fiscal general, Luisa Ortega -cercana al gobierno- consideró que las decisiones del TSJ constituían una "ruptura del orden constitucional", abriendo una grieta en el oficialismo, lo cual obligó a anular parcialmente los dictámenes.