El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este lunes al presidente Nicolás Maduro en "abandono del cargo" al responsabilizarlo de la grave crisis que sufre el país, aunque la justicia determinó que carece de facultad para destituirlo.

La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), votó esa iniciativa y pidió la celebración de elecciones, en víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.

"Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis, para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto", anunció el jefe del Legislativo, Julio Borges, desde la tribuna del hemiciclo.

Según la extensa declaración, "Maduro ha provocado una crisis sin precedentes en Venezuela" y está "al margen de la Constitución" por causar "devastación económica", "ruptura del orden constitucional" y "violentar los derechos" de los venezolanos.

Pero poco antes de la sesión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al chavismo, publicó una nota para aclarar que la Asamblea "no tiene facultad para destituir" a Maduro, quien, añadió, está "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales".

Presión a la caldera

En una agitada sesión, los opositores acusaron a Maduro de incumplir deberes y hundir al país con una escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo -475% en 2016 según el FMI- y una criminalidad desbordada.

"Esto es un gobierno fallido por eso hay abandono del cargo. No le sigan metiendo presión a esa caldera", advirtió a los oficialistas el expresidente parlamentario Henry Ramos Allup.

El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó la iniciativa como un "acto de insensatez e irracionalidad".

"Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más", dijo el diputado chavista Pedro Carreño en el hemiciclo.

Según la ley, si el Parlamento declara "falta absoluta" del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.

La semana pasada, Maduro nombró vicepresidente a un "chavista radical" -como él mismo se define-, Tareck El Aissami, de 42 años, a quien puso al frente de un "comando" contra supuestos planes "golpistas" de la oposición.

El muro judicial

La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la oposición intentó sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio que fue suspendido por el poder electoral, se muestra seguro de gobernar hasta que termine su mandato en enero de 2019.

Analistas han advertido del enorme muro con que se ha estrellado la oposición: el TSJ, que declaró hace cinco meses en "desacato" al Parlamento y nulas todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por supuesto fraude.

Aunque en noviembre se separaron de la Asamblea voluntariamente, el TSJ exigía que su desvinculación fuera votada, lo cual se hizo este lunes antes del debate sobre el abandono del cargo. La corte aún no ha levantado su declaración de desacato.

"Para ser efectiva (la declaración de "abandono de cargo") debe venir acompañada del nombramiento de un TSJ que no esté al servicio del Ejecutivo. Y habrá que ver si viene con una estrategia de calle que busque escalar la protesta", afirmó a la AFP Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk (Londres).

Para el constitucionalista Pedro Alfonso del Pino, "abandonar el cargo no es ejercer mal" las funciones, sino "dejar de ejercer el poder" y eso no ocurre en Venezuela.

En diciembre, la Asamblea declaró la "responsabilidad política" del presidente en la crisis, con la idea de abrirle un juicio político. Pero esta figura no está en la Constitución y, de todas formas, el TSJ anuló esa decisión.

Peores desafíos

El analista John Magdaleno dijo a la AFP que, aunque cambie estilo y ofensiva, el Legislativo enfrentará en 2017 "los mismos o peores desafíos" que en 2016: "Su actuación estará condicionada por la estrategia del chavismo, que es reducir las competencias de ese Parlamento".

El pasado viernes, diputados oficialistas pidieron al TSJ declarar ilegal a la nueva directiva parlamentaria, bajo el argumento del desacato.

Analistas estiman que la oposición, dividida en torno a un diálogo que mantiene suspendido con el gobierno, debe concentrarse en las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para este año y en recuperar el apoyo popular perdido tras frustrarse el referendo.