La oposición de Venezuela retará de nuevo al gobierno el martes con una marcha que buscará llegar al corazón de la capital en medio de una creciente violencia que ha generado preocupación en diversos países.

Opositores y universitarios convocaron a una movilización que partirá desde el este de Caracas hacia la sede del Ministerio de Relaciones Interiores donde protestarán contra la actuación de las fuerzas de seguridad, que han sido cuestionadas por la Fiscalía General y algunas organizaciones humanitarias. 

Centenares de policías y guardias nacionales, con tanquetas y camiones cisterna, se apostaron en algunos puntos del centro de Caracas y frente a la sede del ministerio como parte de las medidas de seguridad. Desde hace dos meses, cuando comenzaron las movilizaciones, la oposición ha tratado de marchar en varias oportunidades hacia el centro de Caracas, donde está la sede del gobierno, pero las autoridades les han impedido el paso. 

"Estamos en una lucha de resistencia y tenemos que insistir", afirmó el dirigente y excandidato presidencial Henrique Capriles al llamar a los opositores a mantenerse en las calles para enfrentar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que acusó de haber cerrado "todas las puertas democráticas". 

Capriles dijo en una entrevista en la emisora local Éxitos que el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, debe responder por las acciones de las fuerzas de seguridad y señaló que algunos guardias nacionales actuaron como "criminales" en las protestas de la víspera en Caracas donde más de dos centenares de personas resultaron heridas. 

"Aquí no hay planes de rendirse", dijo por su parte Maduro al ratificar que no está dispuesto a ceder a las presiones. Los adversarios demandan elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Maduro dijo el lunes que el diálogo en Venezuela ha sido imposible debido a que el presidente estadounidense Donald Trump lo ha impedido. Asimismo, acusó a Washington de buscar un golpe de Estado. 

En tanto, cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirán el miércoles en Washington para debatir sobre la crisis venezolana. La creciente espiral de violencia ha dejado al menos 60 muertos, más de 1.100 heridos y varios centenares de detenidos. 

Al mismo tiempo Venezuela enfrenta una crisis económica que se ha complicado por la caída del precio del petróleo, que financia 96% de los ingresos del país por exportaciones. 

En medio de la tensión política, la Asamblea Nacional anunció que abrirá una investigación por la venta de bonos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por 2.800 millones de dólares que habría realizado el Banco Central a la banca estadounidense Goldman Sachs para otorgar liquidez al gobierno. 

El presidente del Congreso, el diputado Julio Borges, envió una misiva al jefe de Goldman Sachs en la que le manifestó preocupación por la transacción y dijo que esa operación le proporciona "alivio financiero a un régimen autoritario que sistemáticamente viola los derechos humanos". 

Borges indicó que tiene la intención de recomendar a cualquier futuro gobierno en Venezuela "no reconocer ni pagar estos bonos".