La oposición venezolana realizará el miércoles lo que prometió será la mayor manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que responderá con una masiva movilización de seguidores, lo que ha desatado temores de nuevos estallidos de violencia.

Acuerpado por los militares, que el lunes le ratificaron "lealtad incondicional", Maduro encarará la sexta protesta que organiza este mes la oposición para exigir elecciones generales y respeto a la autonomía del Parlamento, único de los poderes públicos no controlado por el oficialismo.

El jefe del Legislativo, Julio Borges, llamó este martes a las Fuerzas Armadas, con enorme poder político y económico, a ser "leales" a la Constitución y a dejarlos marchar pacíficamente.

Las anteriores protestas derivaron en batallas campales entre fuerzas de seguridad y manifestantes, con cinco muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos.

En la escalinata de la sede legislativa, Borges pidió a los soldados no una "rebelión o "un golpe de Estado", sino que "cesen los abusos", "el hostigamiento" y "la represión".

La mayoría opositora de la cámara aprobó, además, un acuerdo en rechazo a la "continuación y agravamiento de un golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro y los órganos judiciales" con recientes sentencias, anuladas parcialmente, contra el Parlamento; además de "violaciones" a los derechos humanos.

Este martes, la presencia de militares en las calles de Caracas era la usual.

Los opositores fijaron 26 puntos de salida para la manifestación que pretende llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, bastión chavista. Los oficialistas adelantaron que, como siempre, no los dejarán entrar a esa zona, donde será su marcha.

"Toda Caracas será tomada por las fuerzas revolucionarias y no nos alboroten", advirtió Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del chavismo.

Llamándola "la mamá de las marchas", el vicepresidente del parlamento Freddy Guevara llamó a los opositores a "desbordar las calles".
       
Crispación a tope
       
El gobierno sostiene que la oposición promueve "terrorismo" y "violencia" en las marchas para derrocarlo. Sus adversarios lo acusan de represión y de torturar a detenidos.

Entre creciente tensión, once países latinoamericanos pidieron a Venezuela que "garantice" el derecho a la manifestación pacífica y lamentaron las muertes en protestas previas.

"Resulta vulgar el doble estándar y selectividad política de estos gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición", reaccionó la canciller Delcy Rodríguez.

Un día antes de las marchas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó "seria preocupación" por "la militarización de la sociedad" en Venezuela y llamó "a la cordura".

El lunes, Maduro anunció en un acto militar que el cuerpo de milicia, creado hace siete años por ley, llegará a 500.000 civiles, cada uno con su fusil, ante una eventual "intervención extranjera".

Al respaldar al mandatario, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró en ese acto que restablecer el orden público no es "represión".

Elecciones, el objetivo
   
Las protestas estallaron el 1 de abril luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento y levantara la inmunidad de los diputados.

Aunque los fallos fueron anulados parcialmente tras fuerte presión internacional, la oposición recobró impulso y el apoyo popular que perdió cuando se frustró en 2016 su meta de revocar a Maduro en un referendo y aceptó un diálogo con el gobierno, que finalmente fracasó.

Sin aflojar la presión, la Asamblea Nacional nombró este martes una comisión para un proceso de remoción de magistrados, aunque sus decisiones son consideradas nulas por el TSJ.

"La oposición esta más amalgamada que nunca. Esa es una fuerza relevante y nueva. Es probable que sea la marcha más grande contra el chavismo; pero no podemos predecir qué impacto tendrá", opinó el analista Luis Vicente León.

Algunos observadores creen que el gobierno, para calmar los ánimos, anunciará pronto fecha para los comicios de gobernadores, que debieron realizarse en 2016, pero la oposición adelantó que no cederá.

Maduro descarta unas elecciones presidenciales adelantadas, pero dijo estar "ansioso" de medirse en las de gobernadores y alcaldes. Analistas estiman que el oficialismo difícilmente ganaría una elección en esta coyuntura y busca tiempo.  

Siete de cada 10 venezolanos reprueba su gestión, agobiados por la severa escasez de alimentos y una inflación galopante, en lo peor de la crisis económica de este país dependiente del petróleo, fuente de 96% de sus divisas.