Los opositores venezolanos votarán el domingo en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi cuatro meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político.
  
Con un país a media marcha y sobresaltado por casi un centenar de muertes en ese tiempo, la oposición y el gobierno librarán un fuerte pulso a favor y en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa de Maduro que echó leña al fuego.
  
El gobierno, en plena campaña para la elección el 30 de julio de los 545 asambleístas, promueve la Constituyente como la única salida a la convulsión política y social y al colapso económico del país petrolero.
  
"Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente para salvar a la patria de la agresión de los fascistas, los imperialistas y los violentos", afirmó el presidente socialista.
  
Pero la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera la iniciativa un "fraude" con el que el oficialismo busca perpetuarse en el poder, tras 18 años de gobierno chavista.
  
"Maduro quiere convertir a Venezuela en Cuba y no lo podemos permitir. Por eso este domingo debemos salir todos a votar", exhortó Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora.
  
Sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, la MUD celebrará la consulta popular confiada en que voten millones para demostrar un contundente rechazo a la Constituyente.
  
El mismo día el gobierno le peleará la calle con un simulacro de la elección de la Constituyente organizado por el CNE, cuya presidenta Tibisay Lucena considera el plebiscito una "marcha" o una "barricada" mas.
  
Votación atípica 

En medio de la radicalización del conflicto, ninguna de las dos votaciones tendrá participación de la contraparte. Por tanto, ambos ganarán.
  
La oposición, el chavismo crítico encabezado por la fiscal general Luisa Ortega y la Iglesia católica, rechazan la Constituyente porque se elegirá sin referendo previo y con un sistema de votación por sectores y territorios hecho -según dicen- a la medida del gobierno.
  
En su llamado a desconocer y rebelarse contra lo que tilda de "dictadura", la MUD ve entonces el plebiscito como la "hora cero", un detonante de la fase definitiva con la que espera sacar a Maduro del poder, con protestas masivas y simultáneas, o una huelga general.
 
Respaldado por los poderes electoral y judicial y la Fuerza Armada, Maduro da por hecho que tendrá de su lado a un "suprapoder" que regirá Venezuela por tiempo indefinido, con facultad hasta para anular a un Parlamento opositor y a una Fiscalía rebelde.
  
En el campo socioeconómico, promete elevar a rango constitucional los programas sociales, el control de precios para frenar la inflación -que el FMI calcula en 720% para 2017-, y el sistema de distribución de alimentos subsidiados contra la grave escasez.
  
"En estas dos votaciones atípicas no es importante por quién vote la gente, sino que voten. Lo clave es si van a ser capaces de convertir en acción lo que ambos van a ganar", dijo a la AFP Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
  
Lo que está en juego 
   
Aunque un 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, según León, la oposición tiene el desafío de hacer del plebiscito un "motivador de la protesta pacífica para lograr la salida del gobierno".
  
Para Maduro el reto es que una Constituyente desaprobada por un 70% de venezolanos -según Datanálisis- tenga "legitimidad", detenga la fractura del chavismo y el rechazo internacional, y logre que "la revolución se mantenga aun siendo minoritaria", agregó.
  
"Será muy complicado para el gobierno darle viabilidad o gobernabilidad a una Constituyente que nacería con una gran abstención, en contraste con una consulta con participación alta", dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón, para quien el plebiscito "no es legalmente vinculante, es políticamente vinculante".
  
El plebiscito también preguntará a los venezolanos si están de acuerdo con un cambio de los poderes públicos, incluido el gobierno, y en exigirle a la Fuerza Armada -principal sostén de Maduro- que respete la Carta Magna.
 
 La oposición instalará para la consulta -apoyada por la ONU, la OEA y a la cual invitó a cinco expresidentes latinoamericanos como observadores- unas 14.300 mesas de votación en Venezuela y unas 500 en 80 países; en tanto el poder electoral unas 2.000 máquinas de sufragio en el simulacro.