Vestidos de blanco, opositores venezolanos se movilizan este sábado hacia las sedes de la Conferencia Episcopal en una "marcha del silencio", tras el recrudecimiento de la violencia que deja 20 muertos en tres tres semanas de protestas contra el gobierno.

Contingentes de la militarizada Guardia Nacional y de la policía custodian sectores y accesos estratégicos de Caracas, mientras que algunos manifestantes ya comenzaban a concentrarse en algunos puntos definidos por dirigentes de la oposición, donde algunos rezaban rosarios.

El gobierno ha acusado a la iglesia venezolana de ser un "actor político" opositor.

En la noche del viernes se registraron pequeñas protestas y brotes de disturbios en un sector de Petare y Palo Verde, el este de Caracas, con las fuerzas de seguridad usando gases para dispersarlos y donde según testigos, hombres armados recorrieron las calles en motos causando pánico.

Fue otra noche de violencia en Caracas, después de la batalla campal registrada el jueves en el sector popular de El Valle, con tiroteos, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El gobierno y la oposición se responsabilizan mutuamente de la violencia que deja, además de los 20 fallecidos, cientos de detenidos y heridos desde que las manifestaciones callejeras comenzaron el 1 abril para exigir elecciones generales.
       
Ni un hueso sano
       
La oposición ha dicho que mantendrá la presión en la calle y convocó para el lunes a un "trancón nacional", un bloqueo de las principales vías de Caracas, entre temores de que la violencia continúe.

"El país no tiene un solo hueso sano. La gente va a seguir protestando. El reto de la oposición será hacer entender que no hay un solo método de protesta, porque probablemente las marchas se desgastarán", explicó a la AFP el sociólogo y profesor universitario, Francisco Coello.

Según encuestas, siete de cada diez venezolanos reprueban al gobierno, asfixiados por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI estima en 720,5% este año, la más alta del mundo.

Maduro, cuyo mandato termina en 2019, asegura que la "derecha extremista venezolana" busca derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos, pero la oposición insiste en que quiere sacarlo del poder por la vía electoral.

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en 2016, pero fueron suspendidas y aún no tienen fecha, las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales para diciembre de 2018.

Aunque Maduro dice estar ansioso por medirse en elecciones, ha descartado un adelanto de las presidenciales y pide a sus adversarios dialogar y abandonar "la agenda golpista".
  

Polémica internacional
       
La violencia en Venezuela despertó inquietud internacional. Once naciones latinoamericanas, la Unión Europea y Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano garantizar las protestas pacíficas.

Estados Unidos ha lanzado duras advertencias al gobierno chavista, al que acusa de "represor", en tanto que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lo acusa de "cobardía".

"Cuando el liderazgo político da la orden de disparar contra el propio pueblo eso es una señal muy fuerte de cobardía y de debilidad de ese liderazgo político de este régimen venezolano", dijo Almagro a la AFP en Asunción el viernes.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez calificó de "inmoral" la solicitud de los gobiernos latinoamericanos y les pidió condenar "la violencia opositora".

"La violencia en Venezuela es alentada por Almagro y los gobiernos alineados con planes intervencionistas del departamento de Estado de Estados Unidos", dijo Rodríguez.

Las protestas se desataron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicara las funciones del Parlamento, único poder público controlado por la oposición. La presión internacional llevó a la anulación parcial de los fallos.