La oposición venezolana advirtió este sábado sobre un estallido social si se bloquea un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien decretó un estado de excepción que apuntaría, según analistas, a desarticular la protesta si la consulta no se realiza este año.

"Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos qué puede pasar en este país. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio", dijo el líder opositor Henrique Capriles durante una manifestación en el este de Caracas.

Unas mil personas atendieron la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que controla el Parlamento- para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla los plazos legales y realice el referendo en 2016.

En tanto, miles de oficialistas marcharon hacia una plaza del centro de la capital, donde Maduro prevé anunciar nuevas medidas para enfrentar la severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos, a lo que se suman racionamientos de agua y electricidad.

Las movilizaciones ocurren luego de que el viernes Maduro, en una cadena televisiva, firmó un decreto de "estado de excepción y de emergencia económica" contra la "agresión externa" que, aseguró, se cierne sobre su país. El texto aún no fue publicado.
       
Maniobras de EEUU
       
El mandatario denunció que "se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil" contra Dilma Rousseff.

A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para "acabar con las corrientes progresistas en América Latina".

Sin embargo, no ahondó en las supuestas maniobras, si bien denuncia a menudo planes de intervención militar de Estados Unidos como lo hizo en numerosas ocasiones su predecesor Hugo Chávez (1999-2014).

Maduro amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.

Este nuevo decreto es "más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva", añadió.

Maduro -cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.

Según el periódico The Washington Post, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.

"Se puede oír el crujido del hielo. Se sabe que llega una crisis", comentó un funcionario de inteligencia citado este viernes por el diario.

Estados Unidos estima tener poca influencia en lo que sucede en Venezuela y sobre todo teme que el país colapse, según The Washington Post, que cita a funcionarios que hablaron en condición de anonimato.

Desarticular la protesta
       
"Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta 2017", dijo a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.

Añadió que Maduro podría optar por el "estado de conmoción interna y externa", una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.

Para el sociólogo Héctor Briceño, la medida apunta al "control de la protesta", pues por primera vez en la era chavista podrían coincidir el malestar social y político.

"El momento donde se da esa articulación será el día que digan que no se puede hacer el referendo este año", declaró a la AFP.

Al dictar el decreto, Maduró fustigó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó en Miami, durante un encuentro el viernes con opositores, que no realizar la consulta este año constituiría el "peor acto de corrupción política".

El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación del revocatorio, una cantidad nueve veces mayor al número de rúbricas exigido.

La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio y si ajusta a la norma, el CNE -al que la MUD acusa de servir al gobierno- convocará a unos 200.000 interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.

La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.

Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Caracas | AFP