La directiva del Parlamento venezolano -de mayoría opositora- aseguró este domingo que la presentación del presidente Nicolás Maduro de su informe anual de gestión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante el Parlamento, es una muestra de que gobierna fuera de la Constitución.

"Esto es la ratificación de que Nicolás Maduro está fuera de la Constitución. La Constitución es clara: el gobierno tiene que rendir cuentas a los diputados, rendir cuentas a los diputados es rendir cuentas al pueblo", dijo en rueda de prensa este domingo Julio Borges, presidente de la Asamblea.

El máximo tribunal de justicia declaró en desacato al Legislativo, y considera que sus decisiones son nulas por haber juramentado a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida a raíz de una denuncia de fraude del chavismo.

Los tres asambleístas fueron desvinculados formalmente el 5 de enero a instancias de la nueva directiva elegida para el período legislativo que comenzó ese día, sin embargo, para el Supremo la situación de desacato debe ser superada por la junta directiva anterior.

El TSJ notificó el miércoles que debido a la situación irregular de la Asamblea, el presidente no está obligado a presentar ante ésta su informe anual de labores, y podrá hacerlo en el tribunal.

Borges advirtió a los magistrados del Supremo que "ser parte de la violación sistemática de la Constitución significa que son susceptibles de ser demandados por delitos de lesa humanidad".

El diputado exigió a Maduro rendir cuentas por los asesinatos de 100.000 venezolanos que -aseguró- han ocurrido durante su gestión y le pidió explicar cómo es posible que la economía esté "tan destrozada".

"Tenemos la peor inflación del mundo, en estos tres años la inflación acumulada llega a 5.000%", afirmó.

Borges opinó que la única solución a la crisis del país es el voto. "Que podamos tener unas elecciones generales, donde se puedan elegir gobernadores y alcaldes, pero también un gobierno de unidad nacional", instó.

El diálogo que comenzó en octubre entre el gobierno y la oposición -con el auspicio del Vaticano y la Unasur- se congeló por acusaciones mutuas de incumplimiento de temas ya pactados.

La oposición exigía una salida electoral a la crisis del país, pero el gobierno alega que ese tema nunca estuvo sobre la mesa.