“Por la frontera de Apure, Táchira y Zulia se ha registrado que las alcabalas de cuerpos policiales, Guardia Nacional y Ejército, piden a los caminantes la prueba PCR para saber que no son positivos para COVID-19 como requisito para permitirles pasar, sabiendo que en este país no hay ni insumos médicos; y como no las tienen, les exigen que paguen en dólares o a las mujeres que paguen con el cuerpo. Les quitan dinero, algún objeto de valor, o sus pertenencias básicas”.

Así lo denunció ante la Fiscalía del Ministerio Público en Táchira, la ONG FundaRedes, tras desplegar equipos de activistas y defensores de derechos humanos en las carreteras de los estados fronterizos de Venezuela, para documentar la situación de los migrantes forzados.

En sus testimonios, los caminantes narraron todo lo que enfrentan a lo largo de su travesía para huir del país, y contaron cómo funcionarios de los organismos de seguridad destacados en los puntos de control carretero les despojan de sus pertenencias, objetos de valor o dinero a cambio de dejarlos avanzar.

 “Funcionarios de distintos cuerpos de seguridad en alcabalas en la vía, y grupos armados irregulares que controlan largas extensiones de territorio en Venezuela, han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorsión, intento de agresiones sexuales, robos, entre otras vulneraciones contra los migrantes forzados venezolanos, quienes en su mayoría se desplazan caminando desde y hacia la frontera con Colombia, huyendo de la emergencia humanitaria compleja y buscando sobrevivir fuera del país”, señala el documento entregado también por esta organización ante la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes explicó que, desde el inicio de la pandemia, han recibido denuncias sobre la extorsión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los migrantes retornados en los pasos ilegales para ingresar a Venezuela.

“Pero en estas últimas semanas FundaRedes ha documentado la perversidad con uniforme, cuando vemos de nuevo a la gente saliendo del país, son venezolanos que huyen de la miseria, del hambre, y en las alcabalas los paran y les quitan el poco dinero que llevan para comer”, dijo Tarazona. 

Destacó que más de 250 pasos ilegales en Táchira, 180 por el Zulia, y 90 por el estado Apure, son el espacio para que venezolanos que migran forzadamente queden a merced de los grupos armados irregulares, quienes les cobran un monto en pesos colombianos o en dólares según la cantidad de maletas que llevan para permitirles cruzar hacia Colombia. 

Tarazona enfatizó que en esta segunda oleada migratoria, la mayor cantidad de caminantes venezolanos son mujeres con niños, los cuales constituyen grupos de mayor riesgo, que se desplazan hacia la frontera en condiciones precarias para intentar sobrevivir en Colombia.

Comunidades amenazadas

La organización también denunció ante la Defensoría del Pueblo que las comunidades que han ofrecido alimentos, hidratación, un lugar para descansar o el baño a los caminantes, han sido víctimas de amenazas por parte de colectivos.

“Vecinos de varias comunidades que se han organizado para darle una mano a los migrantes forzados, han recibido visitas de sujetos armados, quienes les advierten que si continúan ayudando a los caminantes tendrán que pagar las consecuencias”, señaló Tarazona. 

Según Tarazona, el Estado venezolano busca silenciar esta situación, “porque incumple en su deber de garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país, y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la frontera”.

Desde la organización exigió a las autoridades venezolanas, que si no están en capacidad de cubrir al menos las más elementales necesidades de sus ciudadanos, “al menos permitan que ejerzan con libertad su derecho a migrar en condiciones dignas y sin ser extorsionados por los propios funcionarios que deberían resguardarlos”.