Al grito de “!Renuncia, renuncia!”, miles de simpatizantes opositores se concentraron en una calle del municipio Chacao, al este de Caracas, mientras otros miles de chavistas marchaban por el centro de la capital al grito de “!Maduro no se va!” y “!Yankees, go home!”.

El pasado miércoles, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) develó su estrategia para lograr el objetivo de derrocar al presidente por vías paralelas: un referendo revocatorio y una enmienda para acortar el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones para presionar su dimisión.

En respuesta a quienes critican a la MUD por no decantarse por una única alternativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, explicó que “todos los mecanismos están a la acechanza” por lo que decidieron “promoverlos todos a la vez”.

“¡Ustedes no salen de Maduro, porque Maduro no es Maduro, Maduro es pueblo y es revolución! ¿Qué parte de esto no han entendido?”, advirtió el jefe de Estado, enfrentado a una grave crisis económica que pulveriza su popularidad.

Nadie se rinde

Empleando el eslogan de una campaña lanzada recientemente y que es vista como la respuesta a los planes opositores para sacarlo del poder, el presidente llamó a decirle al mundo que en Venezuela “nadie se rinde”.

“#ObamaLaAmenazaEresTu y los miles de muertos y afectados por tus guerras en todo el mundo así lo ratifican”, proclamó el chavismo a través de las redes sociales.

Juristas como José Ignacio Hernández señalan que todas las opciones para la salida del mandatario tendrán que pasar por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el “buró jurídico” del chavismo.

La semana pasada, ese tribunal eliminó facultades de control del parlamento, cuyo poder perdió el oficialismo, tras 17 años de hegemonía, desatándose una crisis institucional de choque de poderes. El TSJ limitó el control legislativo al Gobierno, con lo cual la Asamblea no podrá supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral, Ciudadano, ni los de los militares.

Esa decisión aumentó los temores de que la corte bloquee eventualmente la enmienda para reducir el mandato a cuatro años, e incluso el referendo, cuya realización, si el proceso administrativo comenzara ahora, tendría lugar a mediados de noviembre, estima Eugenio Martínez, especialista en temas electorales.

Su organización está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de servir al Gobierno.

*Resumen de agencias