En medio de la crisis que vive Venezuela, con un aumento de las protestas en las calles tras la entrega al Consejo Nacional Electoral del decreto con el que se convocará a la Asamblea Nacional Constituyente, ya son 11 multinacionales estadounidenses las que han desvinculando de sus balances la operación que tienen en ese país.

La última en hacerlo fue General Motors, que termina una lista que ha venido aumentando en los últimos tres años con Nicolás Maduro en el poder. En el caso de la automotriz, el costo que le podría generar esta jugada ronda los US$100 millones. El último caso había sido el de Kellogg’s, a finales de 2016, cuya desconsolidación  tuvo un costo de US$72 millones, aunque sigue operando en el país, según manifestó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). 

El dirigente gremial explicó que no significa que estas empresas se hayan retirado, sino que ya no tienen en cuenta lo que suceda en Venezuela con el fin de no afectar los resultados globales. Así, las compañías dejan abierta la puerta para continuar operando, si la situación mejora en el futuro. 

Olalquiaga hizo énfasis en que Venezuela tiene una debilidad estructural muy fuerte en su economía, que “se refleja en el cierre de muchas empresas, en la disminución de producción y la imposibilidad de surtir con un volumen suficiente que satisfaga las necesidades de la población”. 

Otras de las compañías que han hecho una separación contable de las actividades venezolanas fueron Avon, en marzo de 2016; y Goodyear Tire&Rubber, Colgate Palmolive, Mondelez y Kimberly-Clark, en diciembre de 2015. Precisamente, para Olalquiaga, el de Kimberly-Clark fue “uno de los casos más emblemáticos de cierres intempestivos”, pues además de desconsolidar  US$102 millones de sus activos, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones.