La luz solar no llega. El aire es putrefacto. Cucarachas y ratas son indeseables invasores. Veinticuatro personas viven así, “muriendo lentamente”, en la planta baja del edificio de un ministerio en Caracas, a pocas cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores.

“Aquí estamos muriéndonos lentamente, es una burla para uno como ser humano”, dice Johan Medina, quien se aferra con sus delgados brazos a la silla de ruedas a la que quedó confinado hace siete años por un accidente que le causó daños irreversibles en la columna.

Cientos de familias hacen vida en refugios dispuestos por el Estado en toda Venezuela, víctimas de las temporadas de lluvia que dejan miles de damnificados cada año, o simplemente de la mala suerte. 

Esperan ayuda del gobierno, que se jacta de haber entregado más de tres millones de casas y departamentos con un plan creado en 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) llamado Misión Vivienda, una cifra puesta en duda por la oposición.

En la entrada de la edificación donde vive Johan, en la que funcionan el ministerio de la Mujer y otras instituciones estatales, hay retratos de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. “¡Vota por Chávez!” o “No más Trump” se lee en carteles en las paredes.

Sin servicio de agua, sus habitantes son especialmente vulnerables a la pandemia de COVID-19, pero esa es la menor preocupación de Johan, de 31 años. 

“¿Para qué usar mascarillas?”, pregunta enojado señalando las aguas estancadas y la suciedad que le rodean.

Usar barbijo es obligatorio en este país de 30 millones de habitantes, con casi 89.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y 759 muertes hasta el jueves, según cuestionadas cifras oficiales.

Temor al desalojo 

Los actuales inquilinos empezaron a llegar al edificio estatal hace una década por medio de una organización civil chavista llamada Anticorrupción Interpelación Popular Organizada (AIPO), que tenía un comodato para usar sus instalaciones de forma gratuita. 

Esta agrupación  organizaba asambleas en la edificación y quienes viajaban desde la provincia pasaban la noche en colchonetas. Eventualmente, “empezó a vivir gente” allí con la promesa de ser reubicada, cuenta Norelis, maestra de 40 años que habita el lugar junto a su única hija. 

Las condiciones se deterioraron y ahora “es como una cloaca”, se queja, aunque mantiene la esperanza en ser movida a “un sitio digno”.

En el edificio de 11 pisos, fundado en 1956, funcionaba un emblemático banco, intervenido en 1994 en medio de una crisis que provocó el cierre de numerosas instituciones financieras. Funcionarios van y vienen hoy en día.

“Te pasan por la cara todos los días”, expresa Johan, quien llegó hace cinco años por intermedio de un amigo que le dijo que en el sitio podían prestarle ayuda ante su situación.

El 14 de abril de 2013 una moto sin luces lo arrolló, apenas horas después de haber ido a votar en las primeras elecciones presidenciales ganadas por Maduro.

Ya el comodato venció y, sin reubicaciones a la vista, Johan, Norelis y sus compañeros temen ser desalojados por la fuerza y quedar en la calle. “Nos sentimos marginados”, dice Norelis.

‘Como una cárcel’

Sin ventilación, aparecen problemas respiratorios. “Mi hija perdió totalmente el olfato hace aproximadamente un año”, denuncia Carla, como pidió ser llamada al solicitar reserva de identidad.

“Vivimos en una habitación que estaba diseñada para ser un baño. Cuando se alborota la cañería, imagínate el olor”, relata esta mujer, que puso cortinas y mosquiteros para contener a las cucarachas voladoras que invaden el edificio. Lidia también con ratas.

Carlos, el residente más antiguo, asegura que “todos” están en alguna lista de espera de la Misión Vivienda.

Hay un horario de entrada y salida impuesto por autoridades. “A las 7:00 de la noche cierran con un candado y si te quedaste por fuera, te quedaste, y a las 6:00 de la mañana abren”, relata este hombre de 49 años y cabello cenizo. 

“Es como una cárcel de presentación nocturna”, lanza con resignación.