El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron este jueves conformar un grupo de países amigos para una eventual negociación que ponga fin a la grave crisis política, anunció el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.

"Avanzamos en la definición de una agenda de los grandes problemas de Venezuela. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua", dijo Medina en una breve declaración a periodistas en Santo Domingo.

México y Chile son países críticos del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que Bolivia y Nicaragua son aliados. 

Otras dos naciones se integrarán posiblemente en los próximos días, añadió Medina tras varias horas de reunión con las partes en la sede de la cancillería dominicana.

Los delegados de Maduro y de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reencontrarán el 27 de septiembre en Santo Domingo para una "tercera reunión exploratoria", tras las sostenidas el miércoles y este jueves, precisó Medina.

Estos contactos fueron propuestos este martes por el mandatario dominicano y el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, tras un fallido diálogo a fines de 2016.

Según la MUD, la iniciativa también surgió de Naciones Unidas, cuyo secretario general, Antonio Guterres, expresó su firme apoyo a una negociación política como única vía para resolver la crisis.
  
Cerca de un acuerdo
  
El jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, aseguró que "esta ha sido la oportunidad en que de manera más firme y clara nos hemos acercado a un acuerdo".

Su optimismo contrastó con el tono parco de la oposición -que no habló con los periodistas-, y en comunicado insistió en que un diálogo formal solo será posible si Maduro cumple una serie de condiciones.

Entre las demandas presentadas por la MUD están la renovación del poder electoral, "el establecimiento de un cronograma electoral con garantías de pulcritud, sin inhabilitados, fechas precisas, incluyendo la elección presidencial, y una calificada observación internacional".

También pide la liberación de opositores presos y la atención a la "emergencia humanitaria del país", entre otros puntos.

"Es indispensable la sustitución constitucional al régimen de Nicolás Maduro", subrayó la MUD.
  
Presión internacional
  
Las tentativas de diálogo se producen tras protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio pasado.

También ocurren en momentos en que el gobierno enfrenta una dura presión internacional por la instalación de una Asamblea Constituyente, integrada únicamente por chavistas, y que rige el país con poderes absolutos desde el 4 de agosto.

La semana pasada el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges -presente en Dominicana-, realizó una gira en la que recibió apoyo de Francia, España, Alemania y Reino Unido, desatando la ira de Maduro.

"La comunidad internacional por fin abrió los ojos", dijo este jueves a la AFP el politólogo Carlos Romero, señalando que el cabildeo opositor ha ayudado a crear un clima favorable a la negociación.

"El gobierno está arrinconado y dada la crisis política y económica le conviene una especie de armisticio", añadió.

Venezuela enfrenta una debacle por la caída de los precios del petróleo -prácticamente su única fuente de ingreso- lo que se refleja en una escasez crónica de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará a 720% este año.

Maduro, con una baja popularidad, atribuye la crisis a una "guerra económica" de la oposición y Estados Unidos -que impuso sanciones financieras al país-, pero la MUD asegura que es fruto de la corrupción y los fuertes controles.
  
Ganar tiempo
  
Según fuentes de la MUD, el "punto álgido" de las conversaciones es el deseo del gobierno de que se reconozca la Constituyente, algo que varios opositores rechazan.

Ese órgano ha tensado aún más la cuerda: tras destituir a la fiscal Luisa Ortega, quien rompió con el gobierno, asumió facultades del Parlamento e investiga a opositores por traición a la patria, delito castigado hasta con 30 años de cárcel.

"Maduro solo busca tiempo. El gobierno va a ofrecer de todo con tal de que se reconozca la Constituyente, para lograr acceso a fondos. No cumplirán nada que implique poder real, quizá liberarán a algunos presos políticos o quitará la inhabilitación a algunos candidatos", dijo a la AFP la dirigente María Corina Machado.

En las tentativas de diálogo en Dominicana tiene un rol protagónico el secretario general de la ONU, organismo al que el Papa Francisco pidió implicarse más en Venezuela.