El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado el informe publicado este jueves por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por considerar que ofrece "una visión distorsionada" de la situación en Venezuela. 

El informe --elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de los Derechos Humanos en Venezuela y otros ocho países, de la reciente visita de Bachelet y de "otras fuentes"-- acusa al Gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato". 

En la primera reacción del Gobierno, el Ministerio de Exteriores venezolano ha difundido el informe que remitió a su vez a la Oficina de la Alta Comisionada, en el que realiza 70 "observaciones" sobre los "errores de hecho" que, en su opinión, contiene el texto de la ONU. 

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos", responde el Palacio de Miraflores. 

Para Caracas, "esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración" porque "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial". 

A este respecto, expresa su especial preocupación por que "el 82 por ciento de las entrevistas utilizadas para fundamentar el informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela", algo "injustificable" teniendo en cuenta que la Oficina de Bachelet ha visitado dos veces el país en lo que va de año. 

El Gobierno de Maduro reprocha a Bachelet que "el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de Derechos Humanos", vulnerando con ello los estándares para realizar una "evaluación objetiva e imparcial". 

"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de Derechos Humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial", resume.

Europa Press