Human Rights Watch exhortó el jueves a los países del continente a presionar de manera conjunta para contrarrestar lo que considera como actos represivos de los gobiernos de Cuba y Venezuela y expresó preocupación por el incremento de la violencia en México.

Al presentar su informe anual, el director ejecutivo Kenneth Roth describió al presidente venezolano Nicolás Maduro como una "muy buena ilustración no solo de un gobernante autoritario sino también del desastre que puede representar para su pueblo".
 
Roth destacó la práctica del gobierno de Raúl Castro de detener durante breves periodos a los disidentes para reprimir protestas organizadas de la sociedad civil.
 
"La respuesta en ambos casos es un enfoque multilateral amplio. Sabemos que el enfoque unilateral de Estados Unidos juega a favor de demagogos como Castro o Maduro", dijo el activista en conferencia de prensa.
 
"En el caso de Venezuela se tomaron medidas. La Carta Democrática Interamericana se invocó (por el secretario general de la OEA Luis Almagro) pero no se activó", agregó. "Esperamos que los cancilleres (de la región) usen la Carta para analizar y presionar a Maduro para que permita la emergencia de la sociedad civil".
 
El partido opositor Voluntad Popular asegura que al menos 260 de sus dirigentes y simpatizantes enfrentan procesos judiciales o administrativos.
 
El informe anual, que evalúa a 96 países del orbe, advirtió que el auge de líderes populistas en Estados Unidos y Europa supone una grave amenaza para las garantías de derechos básicos y favorece los abusos por parte de autócratas en otros países.
 
En cuanto a la situación en México, Roth señaló que las estadísticas sobre violencia se acercan a las registradas en 2012, y lo atribuyó a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, a la corrupción policial y al fracaso del gobierno en defender el estado de derecho.
 
Explicó que la tendencia tuvo su principal ejemplo con la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero en 2014.
 
"No solo el gobierno no hizo nada por esclarecer lo ocurrido a los estudiantes, sino que activamente obstruyó los esfuerzos por examinar la ineficacia" de la investigación, precisó.
 
Al referirse a Colombia, el director de HRW advirtió que la sostenibilidad del acuerdo de paz alcanzado el año pasado con las FARC dependerá de cuán eficazmente su gobierno logra proteger a los activistas sociales, más de 40 de los cuales fueron asesinados el año pasado.
 
Manifestó una "profunda decepción" por el cambio que el presidente Juan Manuel Santos adoptó en cuanto a la responsabilidad del mando militar, que según él facilitará a altos oficiales evadir sentencias por las ejecuciones extrajudiciales de cientos de personas.
 
Al menos 14 generales colombianos son investigados actualmente por su presunta responsabilidad en 4.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2006 y 2008.
 
Roth también expresó alarma sobre el criterio que empleen las autoridades estadounidenses para determinar cuáles de los 11 millones de inmigrantes sin autorización tienen antecedentes criminales y deberían ser deportados, ya que el único delito en la mayoría de los casos fue reingresar ilegalmente a territorio estadounidense.
 
"Debemos ser muy cuidadosos cuando veamos qué significa ser criminal", dijo.
 
El presidente electo Donald Trump prometió durante su campaña electoral deportar a los 11 millones de inmigrantes sin autorización, aunque posteriormente dijo que buscará deportar inicialmente a los dos o tres millones que tengan antecedentes penales.