La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en Venezuela, en el marco de operativos de fuerzas policiales y militares para combatir la delincuencia.

En más de un centenar de operativos contra la delincuencia realizados desde agosto de 2015, unas 245 personas habrían muerto, según cifras oficiales reseñadas por HRW y la organización venezolana Provea en el informe "Poder sin Límites".

De esos, "hemos documentado 20 casos donde la evidencia sugiere que se trata de ejecuciones extrajudiciales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos.

Funcionarios venezolanos han afirmado que los dos centenares de muertes se produjeron por "enfrentamientos" entre delincuentes y fuerzas de seguridad, durante los operativos, realizados principalmente en zonas populares.

Pero según Vivanco, los testimonios de familiares y testigos, además de la "enorme desproporcionalidad" entre presuntos criminales y policías muertos (3), "nos permite llegar a la conclusión que la versión oficial no es creíble".

"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática", denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

El informe de medio centenar de páginas reseña otras violaciones a los derechos humanos en estas redadas, realizadas en el marco de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), una iniciativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir la ola de violencia e inseguridad en Venezuela.

Las organizaciones denunciaron la aprehensión "arbitraria" de más de 14.000 personas, de las cuales menos de un centenar fue formalmente procesada por algún delito.

Principalmente en la zona fronteriza con Colombia, unos 1.700 inmigrantes colombianos fueron deportados a su país: unos 400 entre ellos tenían estatus de refugiados o se declararon víctima de persecución de paramilitares.

HRW y Provea también verificaron la destrucción de 976 viviendas en cuatro estados de Venezuela, sin aviso previo y usando aplanadoras, luego de que las fuerzas de seguridad hubieran abatido o detenido a los presuntos delincuentes.

"Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza ni en Venezuela ni en ningún otro sitio de América Latina", afirmó Vivanco.

El informe será presentado este lunes durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se prevé la presencia de representantes del Estado venezolano.

Venezuela, uno de los países sin conflicto bélico más violentos del mundo, cerró el año 2015 con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes (17.778 personas muertas), según la Fiscalía.

Washington | AFP