El gobierno venezolano y la oposición iniciaron un forcejeo en torno a la aplicación de una amnistía para presos por motivos políticos aprobada en el Parlamento, que el presidente Nicolás Maduro amenazó con bloquear.
       
Un día después de que la mayoría opositora en la Asamblea sancionara el proyecto que pretende sacar de la cárcel a unos 76 presos, Maduro reiteró que la ley "no pasará" bajo ninguna circunstancia.
       
"Es la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país. Yo pregunto: ¿es esa ley de impunidad criminal la que nos va a conducir a la paz? ¿A quién beneficia, a los que mandaron matar a nuestro pueblo en febrero de 2014?", cuestionó Maduro este miércoles en un acto público.
       
La promotora de la iniciativa, Delsa Solórzano, rechazó este miércoles la advertencia y señaló que "en un país democrático un presidente no emite sentencias".
       
Sin embargo, admitió que "son muchos los pasos que faltan para lograr la libertad de los presos políticos", por lo que "el trabajo apenas comienza".
       
La normativa también plantea beneficiar a centenares de "perseguidos y exiliados" por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, según Solórzano.
       
"Sabemos que más jueces y fiscales de los que ustedes se imaginan están dispuestos a aplicar la ley de amnistía", aseguró desafiante la asambleísta, recordando que uno de los artículos prevé sanciones para los funcionarios que "retarden injustificadamente la aplicación" de la norma.
       
Entre los detenidos figura el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertos.
       
Tras la aprobación del instrumento, Maduro tiene diez días para promulgarlo, pedir modificaciones o someterlo a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el "bufete jurídico" del chavismo.
       
"Estamos en una cuenta regresiva, son diez días que vamos a estar recorriendo Venezuela y el continente para llevar esta ley de amnistía. Comenzamos la gira de la libertad", anunció Lilian Tintori, esposa de López, en rueda de prensa junto con Solórzano.
       
Maduro aduce que se trata de un "autoperdón de asesinos" que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.
       
En lugar de una amnistía, el gobernante socialista ha propuesto convocar una "comisión de la verdad" para investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.
       
Reformar el tribunal

"Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional", advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño. "La convocatoria (a debate) no cumple con los extremos legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto", añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una "consulta pública en toda Venezuela" con "ONG, universidades, expertos y las víctimas".

Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, si Maduro la envía al TSJ.

Por ello, la oposición discute desde el martes una reforma a la ley que regula la corte, incluida su estructura nominal.

"Vamos a modificar la composición del TSJ, la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela", advirtió Solórzano.

La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición parlamentaria, si bien la prioridad es cambiar el gobierno mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que recorte el mandato de Maduro (2013-2019), junto con movilizaciones populares.

La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno serán aplicables si no cambian instituciones clave como el TSJ.

La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de servir al oficialismo.

El conflicto de poderes que sacude a Venezuela se agravó después de que el TSJ convalidara un decreto de emergencia económica emitido por Maduro, pese al veto de la Asamblea.

En otro fallo polémico del 1 de marzo, la corte reguló las facultades de control del Legislativo, con lo cual quedaron fuera de su competencia los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, no pudiendo por ejemplo remover magistrados del TSJ.

*Caracas | AFP