El XV Censo Nacional de la República Bolivariana analiza la posibilidad de confiscar las viviendas de venezolanos que migraron del país.
Gobierno de Maduro y oposición se enfrentan por censo poblacional

¿Expropiación masiva? ¿Herramienta de planificación? El Parlamento venezolano fue escenario este martes de un enfrentamiento por un censo poblacional que prevé llevar a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, y que la oposición promete boicotear.
La mayoría opositora exigió suspender el XV Censo Nacional del Sistema Estadístico, del que aún no se conoce un cronograma, según un acuerdo aprobado este martes que denunció que el propósito es confiscar las viviendas de millones de venezolanos que se han marchado por la crisis.
El más reciente censo en Venezuela se realizó en 2011 y proyectó la población en 32 millones de habitantes para 2019. Naciones Unidas estima que 3,6 millones emigraron desde 2016 por la mayor debacle económica del país petrolero en su historia reciente.
"Se quieren aprovechar de los millones que han abandonado el país", dijo durante el debate el diputado Avilio Troconiz, quien llamó a bloquear la iniciativa por considerarla, además, un mecanismo de "control social".
"Estamos obligados a organizarnos, por encima de las diferencias políticas (...), a esperar a esta cuerda de vagabundos cuando lleguen para que les salgamos al frente. No permitiremos más confiscaciones", añadió.
Pero la bancada oficialista, que se reincorporó al Legislativo hace una semana después de tres años de ausencia, rechazó las denuncias y dijo que son parte de la estrategia de la oposición desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) para sembrar miedo.
"Cuando implementamos el plan de ahorro energético dijeron que íbamos a espiar a la gente" con los bombillos de bajo consumo, afirmó el congresista Elio Serrano.
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"Es una herramienta para la planificación", añadió, destacando que los gobiernos chavistas han entregado 2,8 millones de viviendas subsidiadas, una cifra que según la oposición está inflada.
El censo, publicado en gaceta oficial el 23 de septiembre, prevé en su fase inicial un conteo de inmuebles y luego un empadronamiento en línea, según el gobierno.
En las propiedades censadas se colocará una etiqueta con un código de lectura electrónica QR.
Este ejercicio generará una "cédula inmobiliaria" con datos geográficos y estadísticos que serán articulados a los sistemas de información para agilizar trámites, explicó el ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, citado por la agencia oficial AVN.
Para la logística están siendo entrenados milicianos, miembros de un cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada.
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