El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición emprenden este viernes en República Dominicana nuevas negociaciones para buscar salidas a la grave crisis venezolana, en medio de marcado escepticismo.

Previo al encuentro, las partes mantenían reuniones con los acompañantes internacionales del proceso, dijo Julio Borges, principal delegado de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Se trata de los cancilleres de Chile, México y Nicaragua, y de un delegado de Bolivia.

"Venimos determinados a luchar por los derechos básicos de los venezolanos, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al voto, derecho a la democracia (...)", declaró Borges a una treintena de periodistas en la cancillería dominicana.

Esta ronda de negociación se extenderá hasta el sábado.

El presidente del país anfitrión, Danilo Medina, dijo esperar que la "buena voluntad" se imponga con resultados positivos.

"Esto no es un diálogo, sino una negociación. Tenemos la esperanza de que podamos sacar algo importante", comentó Medina a la prensa el jueves.

Las partes vuelven a la mesa tras acercamientos frustrados entre 2014 y 2017 por acusaciones mutuas de incumplimientos. 

Sectores de la oposición se oponen a los contactos por considerar que son una "treta" del gobierno socialista.

Para Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, el escepticismo "es natural", pero piensa que la arrolladora inflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas podrían forzar a las partes a cerrar acuerdos.

Esta vez "los dinamizadores de la negociación son económicos", dijo León a la AFP.

Según el analista, el gobierno podría estar dispuesto a dar "oxígeno" al sector privado para dinamizar la estancada economía, pues "la cabeza de Maduro" deja de estar entre las exigencias inmediatas de la MUD tras protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

La agenda

La MUD plantea como principales demandas la apertura de "un canal humanitario" para la entrada a Venezuela de alimentos y medicamentos, así como "condiciones justas" de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Maduro, quien aspirará a la reelección según anunció su vicepresidente Tareck El Aissami, exige a sus adversarios que aboguen por el cese de las sanciones de Estados Unidos, que prohíben a funcionarios y entidades de ese país negociar nueva deuda de Venezuela y de su petrolera PDVSA.

El mandatario, que acusa a la oposición de impulsar una "guerra económica", intenta refinanciar la deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares. 

Para ello necesita la aprobación del Parlamento, de mayoría opositora, pero declarado en desacato por una justicia -según la MUD- "secuestrada" por el gobierno.

Por pagos atrasados en capital e intereses de bonos, Venezuela y PDVSA fueron declaradas recientemente en default por un grupo de acreedores y calificadoras de riesgo.

A ello se suman los escándalos de corrupción en la industria petrolera, que aporta 96% de los ingresos del país.

Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ambos exministros de Petróleo y expresidentes de PDVSA, fueron arrestados el jueves.

Además de México y Chile -invitados por la MUD-, Bolivia y Nicaragua -aliados de Maduro-, las negociaciones cuentan con acompañamiento del exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

En reemplazo del canciller boliviano asiste el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Divisiones

La MUD acude a la cita fracturada. Diputados opositores se enfrentaron el martes pasado entre gritos de "traición" cuando el Parlamento aprobaba un informe en apoyo a los acercamientos.

Borges defiende la decisión de acudir a Dominicana: "Sabemos a lo que nos enfrentamos. No somos ingenuos", pero "es un deber" intentar que "se abra la cooperación internacional con medicinas y comida".

La delegación opositora es respaldada por una docena de asesores entre los que figuran empresarios, sindicalistas y activistas de derechos humanos.

Que la prioridad sea lo económico no significa que vaya a descuidarse lo político. Según especialistas, los comicios presidenciales previstos para diciembre de 2018 podrían ser adelantados para el primer trimestre, con lo que el gobierno aprovecharía las fracturas en la MUD.

Pero tampoco es ajeno a fisuras el oficialismo, que parecía haberse cohesionado luego de superar la más reciente oleada de protestas.

El analista político Axel Capriles considera que la purga en PDVSA refleja "una guerra interna en el chavismo" con la empresa como campo de batalla.