El gobierno de Nicolás Maduro tachó este jueves de "inadmisible" la petición de la Unión Europea de aplazar las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela, que serán boicoteadas por los principales partidos políticos de oposición al considerarlas fraudulentas.

"Ante la invitación" de "incorporarse al proceso de observación, es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos (...), en un acto inadmisible que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada, ni con el buen ambiente que en los últimos meses se ha logrado desarrollar en la relación con el gobierno de Venezuela", señala un comunicado que ratifica la fecha de las votaciones para renovar la unicameral Asamblea Nacional.

"El Estado venezolano no admitirá injerencias" o "tutelajes externos", agrega el documento divulgado por el canciller Jorge Arreaza, que pide a la Unión Europea que se "limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación".

El miércoles, después de cinco días de visita a Caracas de enviados del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, el bloque reiteró su petición de retrasar seis meses los comicios legislativos.

"Sin un aplazamiento y una mejoría de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede contemplar el envío de una misión de observación electoral", indicó una nota.

Los delegados europeos se reunieron con representantes de Maduro y dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, después de que la mayoría legislativa opositora declarara "usurpador" al mandatario al acusarle de haber sido reelegido en votaciones fraudulentas en 2018.

Una treintena de partidos opositores, entre ellos el de Guaidó, anunciaron su negativa a acudir a unas elecciones que tildan de "farsa". El excandidato presidencial Henrique Capriles había llamado a participar, pero el miércoles pidió posponer el proceso por falta de "condiciones".

A finales de junio, entre tensiones por sanciones de la Unión Europea, Maduro ordenó la expulsión de la embajadora del bloque en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, pero terminó reconsiderando su decisión con la promesa de mantener un "diálogo".