La Fiscalía venezolana pidió este miércoles que sean juzgados por tribunales civiles y no militares 14 detenidos en Rosario de Perijá, estado Zulia, donde un grupo de personas destrozó la estatua del fallecido presidente Hugo Chávez e intentó quemar la alcaldía en protestas contra el gobierno.

"Fiscal 41 del Zulia solicitó que 14 detenidos por hechos ocurridos en Villa del Rosario sean juzgados por tribunal civil y no militar", informó la Fiscalía General en un mensaje de Twitter, sin precisar los incidentes en que ocurrieron los arrestos.

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El pasado viernes, un grupo de personas, especialmente estudiantes de secundaria, arrancaron del pedestal y destrozaron la estatua de concreto de Chávez en una plaza pública del municipio, vecino de la petrolera Maracaibo, y luego intentaron quemar la alcaldía y otros edificios públicos.

La imagen de Chávez -que gobernó entre 1999 y 2013- fue destrozada tras enfrentamientos entre militares y opositores en una troncal que cruza por Rosario de Perijá. Según versiones de prensa, varios de los detenidos en esos hechos están en poder de tribunales militares.

Según el director de la ONG de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero, 118 personas han sido presentadas ante tribunales castrenses en Carabobo y 19 en Falcón -ambos estados en el noroeste-, de las cuales 73 han sido encarceladas, acusadas de "rebelión". Hasta ahora ese grupo no había confirmado sobre los detenidos en Zulia.

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De acuerdo con Foro Penal, el gobierno está aplicando esa medida porque la fiscal general, Luisa Ortega, pese a ser cercana al chavismo ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras.

En un hecho sorpresivo interpretado por analistas como fisuras en el chavismo, Ortega denunció una ruptura del orden constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir temporalmente las funciones del Parlamento, lo que hizo estallar las protestas el 1 de abril. 

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La oposición y grupos de derechos humanos denuncian el enjuiciamiento de civiles en tribunales miliares como una maniobra del presidente Nicolás Maduro para desactivar y "criminalizar" las protestas en su contra, que dejan 36 muertos y cientos de detenidos en 40 días.

Aunque las fuerzas de seguridad les han impedido con bombas lacrimógenas llegar al centro de la capital en los días previos, los opositores insistirán este miércoles en exigir elecciones generales para sacar a Maduro del poder y rechazar la convocatoria del Gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente.