La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pidió este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, a quienes acusa de propiciar una ruptura del orden constitucional.

El TSJ "a través de la Sala Constitucional -a la que pertenecen los ocho magistrados- ha venido ejecutando como política reiterada, dictando distintas decisiones (...), en la(s) cual(es) se produce una ruptura del orden constitucional", declaró Ortega al anunciarle su solicitud a la prensa, en las puertas de la corte.

La fiscal se refería a las sentencias de gran "impacto y magnitud" emitidas a fines de marzo con las que el TSJ, acusado de servir al gobierno, asumió las funciones del Parlamento, bajo control de la oposición, y retiró la inmunidad de los diputados.

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Ortega, confesa chavista, calificó entonces eso fallos como un "ruptura del orden constitucional". Su declaración y la fuerte crítica internacional hicieron que el TSJ diera marcha atrás en esas decisiones, pero quedó encendida la chispa de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que desde el 1 de abril dejan 67 muertos.

"En esas sentencias se le estaba dando poderes especiales al presidente de la República incluyendo en materia penal (...), igualmente prácticamente se disolvía a la Asamblea Nacional", prosiguió la funcionaria. 

"No puede ser que el TSJ (diga) hoy no me gusta la Asamblea y la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público (Fiscalía) y lo elimino (...). Necesitamos seguridad, no puede ser que se desmantele el Estado (...) solamente por caprichos", agregó.

El pronunciamiento de Ortega sobre la ruptura del orden constitucional abrió una grieta en el chavismo que desde entonces se ha profundizado. Funcionarios del gobierno ahora la tildan de "traidora".

El lunes, la fiscal impugnó por "irregularidades" el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista. Considera que la parcialidad de esos jueces ha acelerado la severa crisis del país. 

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Ortega reiteró su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro por considerar que violenta los derechos humanos y la democracia participativa y protagónica.
       
Chavismo pide evaluar "insania mental" de la fiscal
   
La bancada chavista en el Parlamento venezolano pidió a la justicia evaluar la salud mental de la fiscal general Luisa Ortega, alegando que está fuera de sus cabales y debe ser destituida, en medio de un abierto enfrentamiento con el gobierno.

"Pido conformar una junta médica, que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se evidencia que esta señora no está en sus cabales", dijo este martes a periodistas el legislador Pedro Carreño", tras presentar la solicitud.

Carreño señaló que espera que un equipo de peritos y psicólogos determine la "insania mental" de Ortega -confesa chavista- y si es así "su separación del cargo".

El diputado había anunciado la solicitud de evaluación médica la semana pasada y recomendó incluso la "reclusión" de la funcionaria porque podría llevar a Venezuela a "una guerra civil". 

Pero un proceso de ese tipo para funcionarios no está previsto en la ley venezolana y en todo caso el Parlamento -de amplia mayoría opositora- es el único órgano facultado para destituir a la fiscal, explicó a la AFP la exmagistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol.

La fiscal comenzó a distanciarse del gobierno a finales de marzo pasado, cuando sorpresivamente denunció que una decisión con la que el TSJ asumía las funciones del Legislativo -de mayoría opositora- era una "ruptura del orden constitucional".

Funcionarios del gobierno la han tildado de "traidora" e "indigna".

También responsabilizó a la militarizada Guardia Nacional de la muerte de un joven, supuestamente por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, durante las protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, que dejan 67 fallecidos desde el 1 de abril.

"Ella perdió la autoridad moral, dejó de ser la fiscal de la República y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo", añadió Carreño.