La posibilidad de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela es la nueva carta del chavismo para intentar debilitar y presionar a la oposición en la mesa de diálogo, ante el fracaso por quitarse de encima las sanciones de Estados Unidos.

Diosdado Cabello, jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), designó esta semana una comisión que evaluará convocar esos comicios para comienzos de 2020, un año antes de que termine el período del actual Parlamento.

La maniobra llega luego de que Washington impusiera el 5 de agosto severas sanciones al gobierno socialista de Nicolás Maduro, quien congeló las conversaciones en las que media Noruega, culpando a sus adversarios de auspiciar la presión.

La oposición -liderada por Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido como gobernante encargado por medio centenar de países- exige que se convoquen elecciones presidenciales, a lo que Maduro se niega públicamente.

“Maduro se levanta de la mesa porque tenía la ilusión de que a través de la oposición podía buscar un alivio a las sanciones”, señaló el politólogo Luis Salamanca. 

“Pero no lo logró, más bien le dieron unas sanciones redobladas” y “anularlas no depende de la oposición sino de quien las emite”, añadió.

Estados Unidos bloqueó los activos de Venezuela en ese país y amenazó con sancionar a empresas que negocien con el gobierno, al que tacha de “dictadura” y venía asfixiando con un embargo petrolero desde abril. 

El chavismo aprovecha así el posible llamado a parlamentarias para aumentar su capacidad de negociación. 

Cualquier convocatoria electoral resulta controversial para una oposición que considera ilegítimo a Maduro y al entramado institucional que lo sostiene.

“Tienes algo más que te protege en esa negociación”, comentó Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

Cabello, número dos del chavismo y sancionado por Estados Unidos, busca al mismo tiempo un lugar en la mesa de diálogo de Barbados, donde no se siente representado, según Seijas.

“Cuando no estás en una negociación puedes ser objeto de negociación, te pueden negociar”, agrega. 

Cabello plantea un diálogo directo con Washington, que lo señala de narcotráfico, acusación que él niega.

El Parlamento actual fue electo en 2015 y su mandato se extiende hasta el 5 de enero de 2021.

En la práctica, está atado de manos: la justicia lo declaró en desacato y la ANC ha asumido muchas de sus competencias, además de ordenar el procesamiento penal de una veintena de diputados por delitos como traición a la patria.

Sin embargo, “esta Asamblea que se consideraba muerta, de repente resucitó como un contrapoder que le disputa a Maduro el poder legítimo de Venezuela” con Guaidó a la cabeza, indicó Salamanca.

Entonces, ¿qué hacer si llega 2020 y hay un llamado a elecciones sin las garantías que reclaman los adversarios del oficialismo, en el poder desde 1999?

La oposición quedaría en una encrucijada entre votar en condiciones adversas con Guaidó al frente, o abandonar el único poder que controla.

La oposición desconoce a la autoridad electoral, a la que acusa de estar alineada con el gobierno y de amañar los procesos. 

De hecho, la “presidencia interina” de Guaidó se basa en la ilegitimidad del proceso que dio a Maduro un segundo mandato, en mayo de 2018, cuando el grueso de la oposición decidió abstenerse, pero un sector participó. 

Entonces, la coalición partidista se resquebrajó.

“Es una soga que se puso la propia oposición en el cuello porque el argumento durante este año es que si no hay cese de usurpación aquí no puede ocurrir nada más”, dijo Seijas.