Estados Unidos sancionó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico.
 
El Departamento del Tesoro designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

También fue designado narcotraficante el venezolano Samark José López Bello, a quien el Tesoro identifica como prestanombres del vicepresidente. 
 
El Departamento del Tesoro publicó en su página web que también aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados, que supuestamente que conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.
 
AP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.
 
Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor Barack Obama suspendiera visas y congelara activos pertenecientes a siete funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.
 
El mandatario Nicolás Maduro designó a comienzos de año en la vicepresidencia a El Aissami, quien previamente se había desempeñado como ministro de Interior, Justicia y Paz. Días más tarde lo puso al frente de un llamado "comando nacional antigolpe" para enfrentar supuestos planes desestabilizadores.
 
Las autoridades estadounidenses han tenido a El Aissami en la mira desde hace una década, cuando docenas de pasaportes venezolanos falsos fueron a dar a presuntos miembros de Hezbolá en el Medio Oriente. 
 
Además, un prominente narcotraficante venezolano dijo en 2011 que lo había sobornado a través de su hermano para que no impidiera el tráfico de cuantiosos cargamentos de cocaína.

El ejecutivo estadounidense anunció las medidas después de que un grupo bipartidista de 34 legisladores pidiera la semana pasada a Trump que sancione a funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos, incluyendo aquellos que se benefician de la aguda escasez de alimentos que padecen los venezolanos.
 
En 2008, el Tesoro estadounidense designó al ex ministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva y al ex ministro del Interior y actual gobernador de Guárico Ramón Rodríguez Chacín como narcotraficantes por colaborar con la guerrilla colombiana FARC. 
 
En 2011, Washington designó como narcotraficantes a otros cuatro altos funcionarios venezolanos y en 2013 añadió a la lista a un ex capitán de la Guardia Nacional.
 
Caracas no ha aplicado medida alguna contra los funcionarios sancionados por Washington.
 
El gobierno de Trump impuso estas sanciones sin haberse pronunciado públicamente sobre Venezuela.
 
Sin embargo, Trump abordó la situación venezolana durante su conversación telefónica con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. También durante el fin de semana pasado, el vicepresidente Mike Pence conversó por separado con los mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia, y Mauricio Macri, de Argentina.  
 
Los pronunciamientos públicos más recientes de Washington sobre Venezuela habían sido el año pasado en respaldo a la mediación del Vaticano en un diálogo que el gobierno y la oposición instalaron en noviembre y que no ha alcanzado logro alguno.
 
El secretario general de la OEA Luis Almagro dijo la semana pasada que la crisis venezolana sufrió el año pasado "serios retrocesos" tales como que no se haya celebrado un referendo para revocar a Maduro. También se refirió a esfuerzos del Ejecutivo por impedir el funcionamiento del poder judicial, el incremento de presos políticos y el agravamiento de los indicadores sociales por la escasez de alimentos y medicinas.
 
Almagro anunció también su intención de actualizar el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.
 
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela en diciembre como Estado parte del Mercosur por no haber adoptado normas sobre derechos humanos y separación de poderes requeridas por el bloque regional.