El Gobierno Venezolano y la oposición continuaron midiendo fuerzas esta semana, como si tratase de un partido de fútbol, en donde cada uno de los jugadores usa sus mejores movimientos para derrotar a su rival.

El primero tiempo de esta disputa se vivió el jueves en la Asamblea Nacional, en donde, la mayoría opositora, aprobó en primer debate una reforma de ley al Banco Central, para darle autonomía a la entidad. Según la explicación dada por los voceros de la oposición, el Gobierno maneja al Emisor y eso ha tenido muy malas repercusiones en la economía del país.

El proyecto, rechazado por la bancada minoritaria oficialista, será evaluado en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para que sea sometido en próximas sesiones a segundo debate, donde se da por descontado que será aprobado por contar la oposición con una amplia mayoría de escaños.

“El Banco Central es un órgano subordinado al Ejecutivo Nacional y que nos ha llevado a tener hoy la inflación más alta del mundo”, afirmó el diputado opositor Alfonso Marquina, quien preside la Comisión de Finanzas.

Precisamente, como parte de la estrategia de este juego, días antes de que la oposición asumiera el control del parlamento, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, emitió un decreto que prohibía a la Asamblea nombrar al presidente y a los directivos del Banco, dándole esta facultad al ejecutivo.

En enero de 2016 y tras más de una de no publicar cifras, el Emisor informó que la economía venezolana se contrajo 4,5% entre enero y septiembre de 2015 y la inflación, para ese mismo periodo fue de 108,7%.

El segundo tiempo del juego se vivió ese mismo día, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) acusado por la oposición de estar al servicio del chavismo- declaró vigente la emergencia económica decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la aplastante mayoría opositora en el Legislativo.

Maduro exaltó la decisión y anunció que en los próximos días activará una serie de medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del crudo, generador del 96% de las divisas.

La emergencia permite al gobierno disponer de algunos bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos, en grave escasez, lo que según la oposición abre las puertas a nuevas expropiaciones.

También fija límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo, algo que sus detractores denuncian como un “corralito” que impediría a los ciudadanos disponer libremente de sus recursos.

*Resumen de agencias