Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Lizcano es identificado por el portal como “subalterno” de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social. 

Los legisladores, según la investigación, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos pidiendo “indulgencia” para Lizcano, al considerar que no estaba involucrado en los ilícitos de Saab y Pulido. 

“No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado(...). Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie”, reaccionó en Twitter Guaidó, jefe del Legislativo reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países.

Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia.

Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, relató Calderón Berti a la prensa, indicando que su relación con Guaidó se había cortado desde hacía meses.

El excanciller venezolano (1992) se abstuvo de culpar al jefe parlamentario. Tampoco precisó el origen de los fondos ni los nombres de los implicados, que habrían realizado facturaciones ficticias. 

Este caso ya había sido ventilado por la prensa meses atrás. El sábado, en una carta dirigida a Guaidó, el legislador Freddy Superlano renunció a la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para “facilitar las investigaciones”.

En tanto, este domingo los principales partidos opositores -Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, y Primero Justicia- excluyeron de sus comisiones legislativas a cinco de los diputados que aparecen en el reporte de Armando.Info. El resto forma parte de otras organizaciones.

El pasado 6 de noviembre, el diputado opositor José Guerra había denunciado “sobornos” a colegas, sin dar detalles.

La aceptación del opositor, quien al autojuramentarse presidente frente a una multitud el pasado 23 de enero prometió deponer a Maduro este año, ha venido cayendo mientras el mandatario socialista resiste con apoyo de un sector de la población, los militares, Cuba, Rusia y China.

La popularidad de Guaidó, que llegó a 63%, cayó a 42% en octubre, según la firma Datanálisis. El próximo 5 de enero finalizará su período al frente del Parlamento, desde el cual reclamó la presidencia encargada alegando que Maduro fue reelegido fraudulentamente en 2018.