El  domingo 6 de diciembre, Venezuela cumplió con un proceso electoral cuyos resultados lograron, por primera vez en 17 años, derrotar la hegemonía chavista en la Asamblea Nacional.

Con una mayoría calificada que le otorga amplios poderes, la oposición se enfrenta al reto de reconstruir la estructura interna, una tarea titánica que puede llevarla al fracaso, si no la asume con sabiduría, mesura y serenidad.

La Opinión conversó con el exgobernador del Táchira y exparlamentario César Pérez Vivas, quien con su experiencia de más de 15 años, arroja luces sobre los primeros pasos necesarios para cumplir con la tarea asignada a los nuevos asambleístas.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la nueva Asamblea Nacional venezolana?

Una  nueva Asamblea Nacional consolidada ya con una mayoría de las dos terceras partes, constituye un inmenso desafío político para las fuerzas democráticas en Venezuela, porque las expectativas de la población están mucho más allá de las capacidades políticas y jurídicas que tiene el parlamento.

El desafío más importante, es un proceso de reinstitucionalización de Venezuela, para recuperar el funcionamiento pleno de los poderes establecidos por la Constitución y para que el principio de la separación de poderes, así como las atribuciones en ellas conferidas, puedan ejercerse libre y autónomamente.

Usted habla de reinstitucionalizar el poder y reestablecer el principio de la separación de poderes, pero ¿por dónde comenzar?

La Asamblea no puede avanzar hacia procesos importantes, si no reformula de manera integral la institucionalidad, y la primera tarea será nombrar la nueva directiva, designar las comisiones parlamentarias, reformar el Reglamento Interior y de Debates. Esa es la primera etapa.

En Paralelo, hay una urgencia política de la sociedad venezolana sobre la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados y el tema de los inhabilitados.

Son tres segmentos de persecución política que el gobierno instauró para quitar obstáculos de su camino, y eso supone dictar una Ley de Amnistía y una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, aunque hay sectores del chavismo que piensan que pueden impedir estas acciones mediante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Para lograr los cambios que está esperando la sociedad venezolana, necesita la nueva Asamblea Nacional el concurso y el apoyo de otros poderes públicos?

Las Leyes Orgánicas tienen que ser valoradas por la Sala Constitucional en cuanto a su apego al texto fundamental. Sin embargo, con esta mayoría de las 2/3 partes y conociendo como conocemos los venezolanos que no sólo en la Sala Constitucional, sino en todo el Tribunal Supremo de Justicia se hicieron designaciones ilegales de magistrados que no llenan los requisitos; estos nombramientos tienen que ser revisados. Así como el parlamento puede nombrar magistrados los puede destituir.

Otra tarea importante de la primera etapa de la nueva Asamblea va a ser una revisión de los poderes, tales como el Tribunal Supremo, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la república y el Consejo Nacional Electoral.

Hay un equilibrio muy delicado entre lo que pudiera ser esa revisión y desatar una persecución como la que ha sufrido la oposición hasta ahora,¿cómo evitar esta situación?

El cumplimiento de la Constitución y la revisión de los actos que han nacido viciados, no se pueden interpretar como una persecución. Se trata de relegitimar y de re institucionalizar los poderes públicos en Venezuela, y esto pasa porque estos poderes fueron designados en violación a la Constitución.

Una tercera vía de acción es establecer un control muy fuerte sobre el gobierno, porque el gobierno tiene una situación de gestión signada por la ineficiencia, la corrupción gigantesca que ha producido esta crisis y si el gobierno no se somete al control político del parlamento; pues tendrá que analizar la dirección política del país las alternativas constitucionales para que el gobierno pueda ser sustituido por los mecanismos que la Constitución prevé.

¿Está en capacidad la nueva Asamblea Nacional para ordenar la investigación de figuras como Diosdado Cabello, Cilia Flores e incluso el propio presidente Nicolás Maduro?

Una vez hechas las investigaciones pertinentes, la Asamblea Nacional puede solicitar el enjuiciamiento a cualquier ciudadano, desde el presidente de la república, a un magistrado, o un diputado. Debe la Asamblea Nacional solicitarle a la Fiscalía el enjuiciamiento y si la Fiscalía considera que hay méritos, presenta el ante juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia; pero estos son procesos judiciales y de investigación que toman mucho más tiempo.

Estoy seguro de que el país va a poder presenciar a lo largo de los próximos meses, investigaciones que son de especial trascendencia nacional y que han afectado severamente la vida económica de la nación: El manejo económico de Cadivi, las cuentas multimillonarias de importantes jefes militares y políticos ubicadas en bancos internacionales, todas las denuncias de las operaciones de narcotráfico en Venezuela y las presuntas vinculaciones de personas del alto gobierno que pudieran tener algún tipo de nexo con estos casos.

Volviendo a las expectativas, ¿Puede la Asamblea Nacional ordenar la reapertura de la frontera?

En lo que concierne a la región el tema de frontera es el más importante y antes de instalarse la nueva Asamblea debe expirar el lapso del Estado de Excepción que el gobierno el actual parlamento aprobaron.

El cierre de fronteras supone una restricción total al derecho del libre tránsito consagrado en el artículo 50 de la Constitución venezolana, que consagra que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la república y volver, trasladar sus bienes en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.

El Estado de Excepción lo que hace es facultar al presidente para que dicte normas que sólo las puede dictar la ley. Es una especie de habilitante para regular este derecho, consagrado en el artículo 50 de la Constitución.

Si no hay Estado de Excepción no puede haber cierre de fronteras, y el estado de excepción termina el 22 de diciembre de este año y no hay posibilidad legal de volverlo a dictar.

¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional de Venezuela para revertir el proceso de deterioro económico y social en la franja fronteriza?

La Asamblea puede trabajar en la Ley de Fronteras, crear condiciones que favorezcan el desarrollo integral de la zona e inclusive obligar a los poderes públicos a cumplir determinadas tareas en los espacios fronterizos; pero lo que tiene que ver con gestión de gobierno para que la frontera pueda recuperarse de esta situación, tiene una íntima relación con el diseño del modelo económico y político que nacionalmente se está construyendo.

No puede hablarse de una solución puntual para la frontera, en tanto que no se resuelvan problemas en la macroeconomía nacional, como el tema del diferencial cambiario.

No se podrán resolver las consecuencias que tiene la devaluación del bolívar frente al peso colombiano, mientras el gobierno nacional no resuelva el problema del gasto público, la autonomía del Banco Central de Venezuela o la emisión de dinero inorgánico.