La Asamblea Constituyente aprobó el martes un decreto que subordina los poderes públicos del país a la nueva instancia, acuerdo que se da un día después de que la mayoría opositora del Congreso anunciara que no reconocerá las decisiones de los constituyentes, lo que presagia una escalada de los enfrentamientos y la profundización de la crisis política en Venezuela. 

Según el vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, el decreto le otorga facultades al organismo para "reformar, limitar las funciones". No dio más detalles. 

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La presidenta del organismo, la excanciller Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de acuerdo con lo que establece la Constitución, los poderes constituidos no impedirán las decisiones del nuevo cuerpo, según reseñó la estatal Agencia Venezolana de Noticias. 

El decreto fue aprobado durante la tercera sesión de la Constituyente -controlada por el oficialismo- que se realizó en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue tomado la víspera por Rodríguez con el apoyo de guardias nacionales en una acción que fue condenada por el Congreso como un "asalto". 

Entre retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez, acompañados del ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y otros miembros del ejército, los constituyentes condenaron el asalto que se registró el domingo en un fuerte militar del centro del país donde fue hurtado un lote de armas. 

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La Guardia Nacional impidió el martes a los diputados opositores ingresar al palacio legislativo. "Estamos en un gobierno de facto donde gobiernan las armas y tenemos unas fuerzas armadas que están comprometidas con el golpe de Estado", dijo el diputado Jorge Millán a The Associated Press al asegurar que pese al bloqueo del acceso. la mayoría opositora acudirá el miércoles de nuevo al Congreso para realizar la sesión ordinaria. 

Tras una audiencia de varias horas, el Tribunal Supremo acordó en la madrugada remover y condenar a 15 meses de cárcel al alcalde opositor del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, por desacatar una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías que mantenían cerradas los manifestantes. El máximo tribunal también ordenó la detención de Muchacho, cuyo paradero se desconoce, y tramitar una orden de arresto internacional. 

Chacao es un bastión de la oposición y fue epicentro de las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses. 

Con Muchacho son cuatro los alcaldes opositores que han sido destituidos y condenados a prisión en menos de un mes por la Corte Suprema. 

"Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica", dijo Muchacho, dirigente del partido opositor Primero Justicia en su cuenta de Twitter y agregó que las próximas horas "serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán limitadas". 

"No nos van a doblegar", agregó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, al condenar la sentencia contra Muchacho. 

Mientras la Constituyente sesionaba, los cancilleres de 15 países de América debatían en Perú una respuesta regional a la crisis de Venezuela. 

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El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó el encuentro y dijo que era una "conjura" de grupos de países, a los que identificó como "mini OEAS", para darle el "piso político al imperialismo norteamericano para seguir agrediendo" a Venezuela. 

A pesar de las crecientes críticas internacionales, Maduro se ha mantenido firme en su presión para que la Constituyente siga adelante y convocó para el martes en Caracas a una reunión especial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una coalición de izquierda integrada por 11 naciones latinoamericanas. 

La nueva Asamblea Constituyente ha dejado claro que actuará con rapidez siguiendo las órdenes de Maduro tras sustituir el sábado a la fiscal general Luisa Ortega Díaz con Tarek William Saab, una figura leal al gobierno, y crear una Comisión de la Verdad que tendrá un poder inusual para procesar casos e imponer sentencias. 

Ortega Díaz condenó el martes el deceso de un joven que habría sido asesinado la víspera por supuestos miembros de la Guardia Nacional en el estado central de Lara. La fiscal removida cuestionó en su cuenta de Twitter el silencio del Ministerio Público sobre la muerte del manifestante y dijo que esa es la "nueva línea de los que asaltaron la institución, silenciar y ocultar" la violación de los derechos humanos.