Venezuela se ve sacudida desde comienzos de abril por una ola de manifestaciones contra el presidente socialista Nicolás Maduro, de las que han derivado actos violentos que dejan una treintena de muertos en poco más de tres semanas. A continuación lo que sabemos de esta crisis:
       
La chispa: el Tribunal Supremo
   
El pasado 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cercano al poder, retiró la inmunidad de los diputados del Parlamento, lo que los dejó expuestos a juicios penales.

Esta decisión aparecía como una sanción contra el poder legislativo, el único controlado desde finales de 2015 por la oposición antichavista (del nombre del expresidente Hugo Chavez, 1999-2013).

El Tribunal Supremo reforzó los poderes del jefe de Estado, habilitado para adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la "estabilidad democrática".

Al día siguiente el TSJ decidió asumir las prerrogativas del Parlamento, permitiendo así al régimen presidencial venezolano la concentración de todos los poderes: ejecutivo, miliar, judicial y legislativo.

La decisión fue calificada por la oposición de "golpe de Estado" y suscitó una indignación diplomática tal que el Tribunal Supremo dio marcha atrás 48 horas más tarde.
       
El objetivo: elecciones anticipadas
       
La oposición se fijó un objetivo principal: conseguir la salida de Nicolás Maduro antes del final de su mandato en diciembre de 2018.

Al no haber podido organizar un referéndum revocatorio como deseaba al principio, la oposición pidió entonces elecciones generales anticipadas.

La oposición apuesta así por un nuevo éxito electoral, al igual que en las últimas elecciones legislativas, navegando sobre el descontento popular de Venezuela, un país petrolero que cayó en una profunda crisis económica con la caída de la cotización del crudo. 

Según un sondeo de Venebarometro, siete venezolanos de cada diez desean la salida del presidente Maduro.
       
El costo: muertos y prisioneros       

Casi todas las marchas han desembocado en choques, robos, lluvia de gases lacrimógenos y cócteles Molotov entre manifestantes y fuerzas del orden, a lo que se añade la violencia ejercida por los "colectivos", grupos de civiles armados por el gobierno, según la oposición.

El balance de muertos asciende a 27, según la Fiscalía (29 según el jefe de estado), que da cuenta también de 437 heridos y 1.289 detenidos por disturbios y saqueos.

"Estas acciones de resistencia que ponen contra la pared al dictador (Maduro, ndlr) tienen un coste muy elevado: muertos y prisioneros", reconoció el vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara, cuyo partido Voluntad Popular tiene un líder en prisión desde 2014, Leopoldo López.
       
El futuro: negociaciones o elecciones       

Maduro invitó a la oposición a reanudar el diálogo congelado desde diciembre, llamando al papa Francisco a "acompañar" estas discusiones, a pesar de que el año pasado fracasó una mediación bajo los auspicios de la Santa Sede.

Para los analistas del gabinete Eurasia, "la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y se muestra revigorizada".

"Las divisiones en el chavismo probablemente se profundizarán, sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales. Las presiones de calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de ensanchar sus fisuras", añade la consultora.

"Hay una presión muy grande de la comunidad internacional para una negociación política de la oposición con el gobierno, (pero) elecciones generales no creo que sean posibles", considera por su parte el analista Carlos Raúl Hernández.

A corto plazo, los expertos apuestan por un anuncio del ejecutivo, en señal de apaciguamiento, de una fecha para las elecciones regionales - que debían haberse celebrado en diciembre y fueron retrasadas sine die - y de elecciones municipales previstas este año.