Las autoridades venezolanas acordaron el cierre de un centro de detención del estado sureño de Amazonas donde la víspera fallecieron 37 personas durante una operación encabezada por fuerzas de seguridad para tomar control del lugar, anunció el jueves el ministro de Relaciones Interiores.

Según indicó el mayor general Néstor Reverol en una transmisión de la televisora estatal desde el estado Amazonas, el Centro de Detención Judicial, donde había 103 reclusos, será sometido a un proceso de rehabilitación. 

El cierre del centro fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro tras la situación violenta que se registró el miércoles cuando un grupo reclusos de la prisión se enfrentó con armas de fuego y más de 20 granadas a las fuerzas de seguridad que trataban de recuperar el control del lugar, que estaba en manos de algunos prisioneros, precisó Reverol. 

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El ministro dijo que las autoridades investigan la posible existencia de algunas "fosas comunes" dentro del lugar. 

En la operación ocurrida en la prisión, que se extendió por varias horas, resultaron heridos 15 funcionarios, entre ellos un guardia nacional que recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a un hospital militar de la capital venezolana. 

El ministro informó que 27 de los reclusos fueron canalizados a otras prisiones del país y el resto permanecerá en los calabozos de la policía estatal, pero no ofreció más detalles. 

Por su parte, el Ministerio Público anunció que dos fiscales fueron designados para iniciar las investigaciones del caso. Reverol pidió investigar la "inacción" del gobernador opositor de Amazonas, Liborio Guarulla, al que acusó de convertir el centro en "un caos, en manos del pranato (líderes de bandas) ". 

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Guarulla dijo a The Associated Press que las áreas externas del centro de detenciones fueron tomadas hace tres meses por las fuerzas de seguridad tras un incidente violento que registró en la prisión de la localidad de Puerto Ayacucho, unos 600 kilómetros al sur de Caracas. 

Algunos activistas y organizaciones de derechos humanos condenaron el incidente y lo consideraron como una "masacre". 

El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, instó a la Defensoría del Pueblo a investigar el hecho y dijo en su cuenta de Twitter que resultaba curioso que no hubo reclusos heridos en el supuesto enfrentamiento y que solo se reportaron reos muertos. 

El número de víctimas mortales fue el peor en Venezuela desde un motín carcelario que ocurrió en la prisión central de Uribana en 2013 que dejó 61 muertos. 

Venezuela cuenta con una treintena de cárceles donde la población, que alcanza cerca de 50.000 reclusos, enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.