La suerte del referendo revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro podría definirse el lunes cuando las autoridades electorales den su veredicto sobre la validación de las firmas y huellas recolectadas en junio.   
 
El Consejo Nacional Electoral evaluará el informe técnico sobre la validación de las firmas y huellas de 1% de los electores, unos 195.000 votantes. De declarar que se completó la validación de las rúbricas y huellas la oposición podrá pasar a una nueva etapa del proceso.  
 
Una comisión del Consejo ratificó recientemente que la oposición logró validar las huellas y firmas de unos 407.000 electores, superando ampliamente el porcentaje de 1% exigido por las autoridades electorales, pero la decisión final está en manos de la directiva del organismo que está integrada por cinco miembros, de los cuales a cuatro se los vincula con el oficialismo.
 
De superarse esta etapa, la oposición deberá iniciar una nueva recolección de firmas y huellas de 20% de los electores, que representan casi cuatro millones de votantes, para lograr activar el referendo.
 
En su carrera contrarreloj la coalición opositora sigue apostando a que se realice este año el referendo contra Maduro, pero desde el oficialismo esa opción ha sido descartada mientras se insiste en que los sectores adversos al gobierno cometieron un fraude al recolectar las rúbricas para la consulta.
 
Algunas figuras del oficialismo presentaron en la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia acciones judiciales contra el proceso de recolección de firmas aún están pendientes de decisión.
 
A los obstáculos que ha tenido que sortear la oposición para avanzar en el proceso se sumó la semana pasada uno nuevo cuando el prominente dirigente oficialista y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, pidió al Consejo que se cancele el registro de inscripción de la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática como solicitante del referendo.
 
Rodríguez alegó que la Mesa cometió un fraude en la recolección de las firmas. Hasta el momento las autoridades electorales no han emitido cometarios sobre la solicitud.
 
De postergarse el referendo hasta 2017 los últimos dos años del actual período presidencial, que comenzó en 2013, deberán ser completados por el vicepresidente, según establece la constitución.
 
Maduro enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez que ha golpeado la popularidad del gobierno y ha generado un creciente descontento que se manifiesta en protestas callejeras y saqueos de comercios.
 
Algunas encuestadoras locales como Datanálisis sostienen que ante la baja popularidad que tiene Maduro, que ronda 23%, enfrenta un alto riesgo de perder un eventual referendo.

Caracas | AP