La amnistía para políticos presos planteada por la oposición abrirá la batalla en el nuevo parlamento venezolano, donde la ahora minoría chavista promete impedir que algunos de sus mayores adversarios, como Leopoldo López, vuelvan a escena.
       
Amparada en una amplia mayoría, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere golpear fuerte desde el inicio indultando a unos 75 detenidos como uno de sus primeros actos de la legislatura que arrancó este martes, tras casi 17 años de hegemonía chavista.  
       
Pero aún con esa ventaja, a la MUD le espera un intrincado camino para poder ver en libertad a dirigentes como López, líder de su ala radical; al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; o al excandidato presidencial Manuel Rosales.
       
La denominada ley de amnistía y reconciliación busca que "no haya exiliados, ni procesados, ni presos políticos, para que nadie sea preso por pensar diferente", dijo Julio Borges, jefe de la fracción de la MUD, al presentar la agenda legislativa este martes.
       
El proyecto incluye a miles de "perseguidos" y exiliados por su oposición al chavismo, declaró a la AFP Delsa Solórzano, a cargo de la iniciativa.
       
Aduciendo que algunos de sus potenciales beneficiarios son violadores de derechos humanos, el presidente socialista Nicolás Maduro advirtió que no aceptará "ninguna ley de amnistía".
       
"Los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar", sostuvo Maduro a principios de diciembre, aludiendo en particular a protestas que buscaban su renuncia y dejaron 43 muertos, cientos de heridos y detenidos entre febrero y mayo de 2014.
       
"Entre los asesinos preparan una ley para perdonarse ellos", afirmó este martes el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien considera que López debe ser procesado también por asesinato.
       
Devenido en símbolo de los opositores presos y a quien muchos ven como futuro candidato presidencial, López fue condenado en septiembre a 13 años y nueve meses de cárcel acusado de llamar a la violencia en esas manifestaciones.
       
    "¡Amnistía ya!" 
    
La MUD quiere aprobar la ley en las primeras sesiones e incluir a "perseguidos políticos" (personas con alguna acusación judicial), de los cuales, según Solórzano, se contabilizan 4.700 casos desde las protestas de 2014.
       
"Amnistía ya", se leía en una pancarta que llevó Lilian Tintori, la esposa de López, al Parlamento este martes.
       
Juristas aseguran que Maduro no tiene facultad para bloquear la ley, aunque podría impugnarla ante la Sala Constitucional, una poderosa instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
       
Trece magistrados del TSJ fueron nombrados por la saliente mayoría chavista en tiempo récord durante sesiones extraordinarias, como parte del blindaje ante el nuevo escenario legislativo.
       
Cuando reciba la ley, Maduro tendrá diez días para vetarla o aprobarla, pero en cualquier caso la Asamblea Nacional (el parlamento) la puede promulgar.
       
Y aun cuando el mandatario socialista la impugne, al ser un "acto político" el TSJ sólo puede controlar que no se viole la prohibición de perdonar delitos de lesa humanidad, dijo a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
       
"Lo único que puede hacer la Sala es revisar si cumple con los parámetros" del artículo sobre crímenes atroces. "Es un acto político, soberano, una facultad de la Asamblea", señaló Himiob.
       
Una asociación de "víctimas del golpe de estado" de abril de 2002", que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez (1999-2013), rechaza la amnistía por considerar que beneficiaría a responsables de varias muertes ocurridas entonces durante confusos enfrentamientos en Caracas, lo que a su juicio fue una masacre. 
       
El jurista José Ignacio Hernández advierte sobre un conflicto entre la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional por la facultad de ésta para anular leyes que violen la Carta Magna.
       
El "principal riesgo" frente a la amnistía reside en la Sala Constitucional", escribió Hernández, quien considera que los poderes de ese órgano no pueden degenerar en un desconocimiento de la representación nacional de la Asamblea.
       
Con su mayoría, la oposición puede remover a magistrados del TSJ, aunque las causales deben ser calificadas por el Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, organismos que según la oposición están regidos por el chavismo. 
       
"Es un juego de pesos y contrapesos, de balance entre lo que pude hacer un poder y otro, pero no de intervenir de manera indebida", opinó Himiob.
       
*Caracas|AFP