Un motín registrado este miércoles en unos calabozos policiales de la ciudad venezolana de Valencia (norte) dejó un número indeterminado de muertos, denunció una ONG que defiende los derechos de los presos.

 

El incidente se produjo en la mañana durante un intento de fuga en las celdas de la policía del estado Carabobo. Los detenidos habrían prendido fuego a colchones y despojado de su arma a un funcionario, informó la ONG Una Ventana a la Libertad.

 

Según Carlos Nieto, director de la ONG, el amotinamiento habría dejado decenas de víctimas entre muertos y heridos. "Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia", dijo a la AFP. 

 

Sin embargo, aclaró que "no ha habido ningún pronunciamiento oficial".

 

Nieto afirmó que lo ocurrido "no es una situación aislada", pues "todas las comisarías de policía de Venezuela están viviendo condiciones iguales o peores de hacinamiento, falta de alimentos y enfermedades".

 

Una fuente del Ministerio de Servicios Penitenciarios consultada por la AFP aseguró no estar en conocimiento de los hechos, aduciendo que esa cartera solo se ocupa de monitorear las cárceles nacionales.

 

En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial -que depende de la gobernación del estado Carabobo- y durante el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas.

 

Hace 13 días en un calabozo en la turística isla de Margarita, al norte de Venezuela, 58 presos escaparon por un boquete que abrieron en un muro.

 

Los reos -que fueron recapturados- huyeron a través de un agujero de aproximadamente 60x40 centímetros que abrieron en una pared.

 

El hacinamiento en las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales, donde los detenidos no deberían pasar más de 48 horas por ley, como lugares de reclusión permanente.

 

La ONG, que estima que la sobrepoblación en esas dependencias alcanza 400%, denunció que 65 personas (62 reclusos, un familiar y un policía) murieron en 2017 en choques por el control de los calabozos y por padecimientos asociados a la desnutrición y la tuberculosis.

 

En 2011 el gobierno puso en marcha un plan para adecuar los penales a estándares internacionales y terminar con la violencia entre grupos enemigos, pero los enfrentamientos siguen siendo habituales.