Venezuela vive una de sus peores tragedias carcelarias: un incendio originado durante un motín en calabozos policiales de la ciudad de Valencia mató el miércoles a 68 personas y puso de relieve la grave crisis penitenciaria.   
   
Tras varias horas de incertidumbre el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó hacia la medianoche la cifra de víctimas.
   
"Ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas, hemos designado cuatro fiscales (...) para esclarecer estos dramáticos hechos", señaló el fiscal en Twitter.
   
Saab no precisó las circunstancias de la tragedia, pero la ONG Una Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.
   
"Los reclusos intentaron  secuestrar a dos policías. Al  no lograrlo armaron un motín y decidieron quemar los colchones pensando que de esa forma les iban a abrir la puerta. Las rejas nunca se abrieron", declaró este jueves a la AFP el director de la ONG, Carlos Nieto.
   
Fue necesario que los bomberos abrieran un boquete en la parte posterior para que pudieran salir. "Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia", añadió, indicando que en el lugar había unos 200 internos.
   
El activista culpó al gobierno, pues a su juicio la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde legalmente los detenidos no deben pasar más de 48 horas pero duran meses.
   
El fiscal no detalló cuántas de las víctimas son presos, aunque dijo que "66 (son) hombres y dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes (pernocta)" en el recinto. 
   
La pernocta de familiares de presos está permitida en algunos centros de detención; en otros, el gobierno la prohibió al considerarla fuente de conflictos.
   
"Si hay que responsabilizar a alguien es al Estado por negligencia, por utilizar estos calabozos como recintos carcelarios cuando no tienen capacidad para eso", afirmó Nieto.
   
Historial violento    
   
El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela, y reflotó la grave situación de las prisiones del país, que se cuentan entre las más violentas de la región.
   
Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios venezolanos desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.
   
En agosto de 2017, un motín dejó 37 muertos y 14 heridos en unas celdas policiales del estado de Amazonas (sur), tras el cual se denunciaron "ejecuciones extrajudiciales".
   
Mientras que en abril de 2017 un choque entre bandas rivales se saldó con 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona (este).
   
Un mes antes fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros (centro).
   
En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar el miércoles a la sede policial y durante el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas, precisó Una Ventana a la Libertad.
   
Angustiadas, decenas de personas exigían hasta la noche información sobre sus familiares, entre ellas mujeres llorando frente a un piquete policial que custodiaba el lugar.
   
"Soy una madre desesperada. Mi hijo tiene una semana aquí. No han dado información de nada", declaró a periodistas Dora Blanco.
   
Hacinamiento   
   
Nieto afirmó que lo ocurrido "no es una situación aislada", pues "todas las comisarías de policía de Venezuela están viviendo condiciones iguales o peores de hacinamiento, falta de alimentos y enfermedades".
   
Se estima que los calabozos de la policía albergan 45% de los 100.000 presos que hay en Venezuela, debido la sobrepoblación en las cárceles nacionales, dijo Nieto.
   
El pasado 16 de marzo, 58 reos escaparon de uno de esos centros en la turística isla de Margarita (norte), a través de un agujero que abrieron en una pared. Fueron recapturados.
   
La ONG, que estima que el hacinamiento en esas dependencias alcanza 400%, denunció que 65 personas (62 reclusos, un familiar y un policía) murieron en 2017 en choques por el control de calabozos y por padecimientos asociados a la desnutrición y la tuberculosis.