Catorce países americanos del llamado “Grupo de Lima” decidieron llamar a consultas a sus embajadores en Venezuela y actuar para bloquear fondos internacionales destinados a Caracas, tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

Los firmantes “no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”, señala el comunicado de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Por ello, “acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y deciden convocar a los embajadores de Venezuela para expresar nuestra protesta”, prosigue.

El Grupo decidió además llamar a una reunión “durante la primera quincena de junio” en Perú con altos responsables del tema migratorio, para tratar “el preocupante incremento en los flujos de venezolanos que se ven obligados a abandonar su país y por el impacto que esta situación está teniendo en toda la región”.

Alerta en particular sobre el riesgo de una “emergencia epidemiológica”, provocada por “la grave situación humanitaria en Venezuela”, con “implicaciones en materia de salud pública para toda la región”.

Para enfrentar esa amenaza, pide “apoyar el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y difteria”.

Venezuela vive una crisis social y económica, con una población que soporta la falta de comida y medicinas, el alto costo de vida con un ingreso mínimo que solo da para medio kilo de carne, y el éxodo de cientos de miles.

Además, llama por “intensificar y ampliar el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas”.